Abogado penalista Homicidio y asesinato en Madrid y en toda España

Las circunstancias. El homicidio (art. 138) es matar a otra persona con intención, o asumiendo que la acción podía matar, y se castiga con prisión de 10 a 15 años. Es asesinato (art. 139), con prisión de 15 a 25 años, cuando concurre alevosía (un ataque que impide defenderse), precio, recompensa o promesa, ensañamiento (aumentar deliberadamente el sufrimiento) o cuando se mata para facilitar otro delito o evitar que se descubra.

Intentar matar sin conseguirlo por causas ajenas a la voluntad del autor: la víctima sobrevive gracias a la intervención médica, el arma falla, alguien interviene. Exige ánimo de matar y actos que lo demuestren. La pena del homicidio baja uno o dos grados: de 5 a 10 años si se hizo todo lo necesario (tentativa acabada), de 2 años y 6 meses a 5 años si la ejecución se interrumpió antes. Quien desiste voluntariamente y evita la muerte no responde por tentativa.

La intención. En la tentativa de homicidio hay ánimo de matar; en las lesiones, solo de dañar. Como nadie lo confiesa, el tribunal lo infiere de datos objetivos: el arma, la zona del cuerpo atacada (tórax, cuello, cabeza), el número y la intensidad de los golpes, las frases pronunciadas y lo que se hizo después. La diferencia de pena es enorme: de 2 a 5 años por lesiones con arma frente a 5 a 10 años por una tentativa acabada.

Causar la muerte sin intención, por una falta de cuidado. Si la imprudencia es grave (ignorar una norma elemental: adelantar sin visibilidad, conducir muy bebido, incumplir las medidas de seguridad en una obra, una negligencia médica grave), la pena es de 1 a 4 años de prisión, más la privación del carné de 1 a 6 años si fue conduciendo. Si es menos grave, multa de 3 a 18 meses y hace falta denuncia de la familia. La frontera entre grave y menos grave decide si hay prisión.

Cuando el homicidio o el asesinato están consumados. Nueve ciudadanos deciden los hechos probados y un magistrado de la Audiencia Provincial dicta la sentencia; la apelación va al Tribunal Superior de Justicia y la casación al Supremo. Las tentativas y los homicidios imprudentes no van al Jurado: los juzgan la Audiencia Provincial o el Juzgado de lo Penal. El juicio con jurado tiene reglas propias y la estrategia es distinta.

Sí, si concurren los tres requisitos de la legítima defensa: una agresión ilegítima actual, necesidad racional del medio empleado para repelerla y falta de provocación suficiente. Si falta alguno (por ejemplo, la respuesta fue desproporcionada), la eximente incompleta rebaja la pena uno o dos grados. Es una defensa muy exigente en los delitos contra la vida y hay que prepararla con toda la prueba desde el principio.

La pena más grave del Código. Se aplica al asesinato cuando la víctima es menor de 16 años o especialmente vulnerable, cuando el hecho sigue a un delito contra la libertad sexual, cuando el autor pertenece a una organización criminal, o al condenado por la muerte de más de dos personas. No tiene un máximo fijado: el tribunal revisa la condena, como regla, a partir de los 25 años de cumplimiento, y puede suspenderla si hay pronóstico favorable de reinserción.

En los delitos contra la vida es lo habitual, porque la pena prevista es alta y el riesgo de fuga se presume mayor, pero no es automático: el juez debe valorar los indicios, el arraigo y el riesgo concreto. La defensa puede pedir la libertad con medidas (comparecencias, retirada del pasaporte, alejamiento) y recurrir el auto de prisión. El tiempo en prisión provisional se descuenta de la condena.

Como acusación particular, con abogado y procurador, desde el inicio de la instrucción. Te permite conocer el expediente, pedir diligencias (autopsia, reconstrucción, periciales), proponer prueba, sostener la calificación de asesinato si procede y reclamar la indemnización para cónyuge, hijos y padres. El fiscal también acusa, pero la familia personada tiene voz propia en cada decisión.

Puede influir, pero hay que probarlo. Una intoxicación plena que anule la capacidad de entender o de actuar puede eximir; si solo la limita, atenúa. La adicción grave solo atenúa si se acredita que influyó en el hecho concreto: el hábito de consumo, por sí solo, no basta. Y si alguien se embriaga para cometer el delito, no hay atenuación.