Han detenido a tu familiar. Esto es lo que puedes hacer ahora mismo.

La detención preventiva no puede durar más del tiempo estrictamente necesario para esclarecer los hechos y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas el detenido debe ser puesto en libertad o a disposición judicial (artículo 17.2 de la Constitución y artículo 520 LECrim). En la práctica, la mayoría de las detenciones se resuelven antes de agotar ese plazo. En casos de terrorismo, el plazo puede extenderse hasta 5 días con autorización judicial.

Sí. El detenido tiene derecho a designar un abogado de su confianza y a entrevistarse reservadamente con él incluso antes de declarar (artículo 520.6 LECrim). Si no designa a ninguno, se le asigna uno del turno de oficio. La designación la hace el propio detenido cuando le informan de sus derechos: basta con que diga el nombre y el teléfono del abogado.

Sí, en cualquier momento del procedimiento. Que ya haya intervenido un abogado de oficio en las primeras diligencias no impide designar después a un abogado de confianza para que asuma la defensa; basta con comunicarlo formalmente. Cuanto antes se haga el cambio, mejor: así el nuevo abogado puede examinar el expediente desde el principio, sin condicionantes de lo ya actuado.

No. La fianza no existe en la fase de detención policial: mientras dura la detención, no hay ningún pago que acorte el plazo. La fianza aparece más adelante, cuando el detenido pasa a disposición judicial y el juez decide su situación personal — ahí sí puede fijarse una fianza como condición para la libertad provisional. Antes de esa comparecencia judicial, el único camino es que la policía concluya sus diligencias o que se resuelva por la vía del habeas corpus si hay una irregularidad.

No de forma automática por el simple hecho de estar detenido. La expulsión como sustitutiva de la pena (art. 89 CP) o como medida administrativa sigue sus propios trámites y garantías, y en un proceso penal en curso no suele proceder hasta que se resuelve la causa, salvo supuestos muy concretos. Es un aspecto que conviene revisar con el abogado desde el primer momento, porque la situación administrativa (con o sin papeles, antecedentes previos) cambia bastante el análisis.

No está obligado: el detenido tiene derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. En la mayoría de los casos, la recomendación profesional es no declarar en comisaría y hacerlo, si conviene, ante el juez, una vez que el abogado ha podido conocer el atestado y preparar la declaración. Es una decisión de estrategia que se toma con el abogado en la entrevista reservada previa.

Como regla general, no: durante la detención solo el abogado puede entrevistarse con él de forma reservada. La policía sí debe informar a la persona que el detenido designe del hecho de la detención y del lugar de custodia. El abogado, tras asistirle, puede contarte cómo está y qué va a pasar, dentro de los límites del secreto profesional.

En delitos de terrorismo o crimen organizado, el juez puede decretar la incomunicación: el detenido queda sin contacto con el exterior (sin abogado de su elección, sin avisar a la familia) durante un plazo máximo que puede alcanzar las 120 horas. Es una medida excepcional. Si tu familiar está incomunicado, aún así el abogado puede personarse en comisaría y solicitar información.

Las detenciones por violencia de género o doméstica tienen particularidades importantes: el atestado incluye un parte de lesiones y suele tramitarse con urgencia ante el juzgado de guardia. La decisión de declarar o no —y qué declarar— es especialmente delicada en estos casos, porque una declaración mal planteada puede condicionar la orden de alejamiento que se decida. Es imprescindible contar con abogado antes de cualquier declaración.

Hay tres salidas: puesta en libertad sin cargos, puesta en libertad con obligación de comparecer cuando le citen, o pase a disposición judicial. Ante el juez se decide su situación provisional: libertad, libertad con medidas cautelares (retirada de pasaporte, prohibición de salir del país, comparecencias periódicas) o, en los casos más graves, prisión provisional. Llegar a esa comparecencia con una defensa preparada marca la diferencia.

La asistencia urgente al detenido se presupuesta por teléfono antes de actuar, de forma cerrada y por escrito, sin sorpresas. Llamar y consultar la situación no cuesta nada. El despacho atiende urgencias 24 horas en el 688 884 488.