Le disparó de frente por robarle habas en su huerto: el Supremo confirma que fue asesinato alevoso, no homicidio (STS 2188/2026)

Una emboscada en el huerto

Según los hechos declarados probados por el Tribunal del Jurado y confirmados en apelación, Isaac tenía un huerto en el paraje de Arroyo de las Gavias, en Rociana del Condado (Huelva), cercado por una valla de unos dos metros y medio. El huerto había sido objeto de varios hurtos de fruta y otros productos, y el acusado sospechaba que el autor era un vecino que solía acercarse por la zona a primera hora de la tarde.

El 5 de mayo de 2020, sobre las 14:30 horas, Isaac se apostó escondido y armado con una escopeta de caza para vigilar la parcela. Cuando comprobó que la víctima había entrado en el huerto acompañado de otra persona y arrancaba vainas de habas sembradas, se dirigió hacia él sin ser visto desde el exterior de la valla. Tras cruzar unas breves palabras —«habéis cavado mucho las habas», según el testimonio del acompañante que logró huir—, disparó de frente, a una distancia de entre tres y cinco metros, alcanzando a la víctima en la cara. El disparo fue sorpresivo e inesperado, sin que la víctima tuviera ninguna posibilidad de reaccionar. Murió de forma inmediata por shock traumático y hemorrágico.

Tras los hechos, el propio Isaac llamó a su hijo para contarle lo ocurrido, y este avisó a la Guardia Civil. El acusado relató lo sucedido a los agentes y les indicó dónde se encontraba el cuerpo, favoreciendo el esclarecimiento inmediato de los hechos — una conducta que el tribunal apreció como atenuante analógica de confesión. El Tribunal del Jurado le condenó como autor de un delito de asesinato del art. 139.1 CP a 15 años de prisión, condena que confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en apelación.

Por qué fue alevosía y no un homicidio con abuso de superioridad

El recurso central de la defensa combatía precisamente la calificación de asesinato: sostenía que la víctima no estaba en una situación de indefensión absoluta, porque se encontraba de pie y de frente al acusado, pudo haber huido como hizo su acompañante, y llevaba una navaja de pequeñas dimensiones guardada en el bolsillo del pantalón. A su juicio, los hechos debían calificarse como homicidio con la agravante de abuso de superioridad, no como asesinato.

El Supremo respalda la conclusión del jurado con una base pericial y testifical muy sólida: la autopsia acreditó que el disparo se produjo a entre tres y cinco metros, con la víctima en un plano perpendicular-frontal respecto a la línea de fuego y sin heridas de defensa, ni siquiera de las que se producen al intentar cubrirse con los brazos. El único testigo presencial, cuyo relato el jurado consideró altamente fiable, confirmó que el acusado salió al paso encañonándoles y disparó casi sin solución de continuidad, sin que la víctima llegara a pronunciar palabra.

Sobre la navaja: los propios forenses que practicaron la autopsia la hallaron en el bolsillo del pantalón, y ninguno de los agentes que acudieron al lugar minutos después observó arma alguna cerca del cuerpo. El Tribunal excluye por tanto que la víctima llegara siquiera a esgrimirla. Y en cuanto a que fuera conocido por sustraer fruta en la zona, la Sala es tajante: ni el hurto previo justifica disparar a la cabeza del infractor, ni "descarta o reduce la antijuricidad de la acción homicida" — la crasa desproporción entre el bien jurídico lesionado (la vida) y el protegido (unas habas) excluye cualquier fórmula de justificación, completa o incompleta, e incluso cualquier atenuante por exceso en la necesidad de defensa.

Los límites de la casación cuando el veredicto es de un jurado popular

La sentencia aprovecha el caso para recordar cómo se reconfigura el control casacional cuando, como aquí, la condena procede de un Tribunal del Jurado y ha pasado ya por un recurso de apelación plenamente devolutivo ante el Tribunal Superior de Justicia. La casación no actúa como una nueva valoración de la prueba, sino como un control de racionalidad sobre la motivación de la sentencia de apelación.

El art. 846 bis c) letra e) LECrim limita expresamente ese control a las "bases racionales de la decisión", no a la concreta atribución de valor a cada dato probatorio. Solo cabe estimar el recurso cuando se identifica una insuficiencia probatoria absoluta o notabilísima, o una irracionalidad en las conclusiones inferenciales. El Supremo explica que esta restricción responde a dos razones: el fortalecimiento institucional del jurado popular, compensado con la exigencia de una mayoría muy cualificada (siete de nueve jueces legos) para fijar hechos desfavorables al acusado, y los fuertes controles endoprocesales de la Ley del Jurado sobre cómo se delibera y se justifica la decisión.

Aplicado al caso, ni la solidez de la prueba pericial y testifical sobre la alevosía, ni la motivación con la que el jurado y el magistrado-presidente explicaron su decisión, dejaban margen para que el Supremo sustituyera esa valoración por otra distinta, por racional que también pudiera parecer.

La pericial de parte no bastó para acreditar un deterioro cognitivo relevante

El segundo motivo del recurso denunciaba error en la valoración de la prueba pericial: una psicóloga que examinó al acusado meses después de los hechos concluyó que presentaba indicadores compatibles con demencia incipiente y rasgos paranoides y celotípicos, lo que —a su juicio— debía traducirse en una atenuante analógica de alteración psíquica. La defensa criticaba que el tribunal hubiera dado prioridad, sin motivación suficiente, al informe de los forenses oficiales, elaborado en una única entrevista.

El Supremo rechaza el motivo en dos planos. Primero, porque la vía del art. 849.2º LECrim exige un documento "literosuficiente" y dictámenes periciales coincidentes que el tribunal haya interpretado de forma mutilada o contradictoria — nada de eso concurría, porque había dictámenes divergentes que el jurado sopesó expresamente. Segundo, porque la imparcialidad de un perito oficial no lo hace automáticamente más fiable que uno de parte, pero tampoco al revés: lo decisivo es la calidad metodológica y la racionalidad de las conclusiones, no la condición corporativa de quien firma el informe.

En este caso, los forenses que exploraron al acusado cuatro meses después de los hechos —con pruebas neurológicas incluidas— descartaron una afectación significativa más allá de un posible enlentecimiento cognitivo, sin relación causal con los rasgos de personalidad detectados. El jurado dio valor a esa conclusión de forma razonada, coherente además con el estado de tranquilidad y plena consciencia que mostró el acusado al llamar a su hijo y colaborar con la Guardia Civil inmediatamente después de disparar.

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