El proceso penal en España
De la denuncia a la cancelación de antecedentes

Todo proceso penal comienza con una denuncia, querella o atestado policial. La policía elabora el atestado con los hechos y lo remite al juzgado de guardia. Si hay detenido, debe comparecer ante el juez en un máximo de 72 horas (art. 496 LECrim).

El juez instructor investiga los hechos mediante diligencias: toma de declaración al investigado, peritos, testigos, registros, intervenciones telefónicas. El investigado puede proponer diligencias de descargo. Al terminar, el juez decide si hay indicios suficientes para ir a juicio o si archiva.

Terminada la instrucción, el fiscal (y la acusación particular, si la hay) formula su escrito de acusación con la calificación provisional de los hechos y la pena que pide. La defensa responde con su propio escrito de defensa. Este documento —junto con el de la acusación— fija el terreno de juego de todo el juicio: tu versión de los hechos, la calificación jurídica alternativa, las atenuantes o eximentes que vas a alegar y, sobre todo, la prueba concreta que propones para el juicio. Lo que no se pide aquí normalmente ya no puede practicarse después.

Es un trámite nuevo, introducido por la Ley Orgánica 1/2025, obligatorio en el procedimiento abreviado. Se celebra una vez abierto el juicio oral y antes de la fecha del juicio, y concentra cuestiones que antes solo se resolvían al empezar la vista: la admisión de las pruebas propuestas, los defectos procesales, y —lo más relevante para la defensa— la posible nulidad de pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales (por ejemplo, una entrada y registro sin autorización válida o unas escuchas mal motivadas). Es también, desde la reforma, el momento nuclear para alcanzar una conformidad con el fiscal.

El juicio oral es el acto central del proceso. Se practica la prueba en presencia del juez: declaraciones, testigos, peritos, documental. El acusado puede declarar o no declarar. Al final, el juez da la palabra al acusado para la última palabra (art. 739 LECrim), un derecho fundamental cuya omisión anula el juicio.

El juez dicta sentencia condenatoria o absolutoria. La sentencia condenatoria debe motivar la valoración de la prueba. Si se te condena, tienes derecho a recurrir. Si te absuelven, la acusación puede recurrir pero con limitaciones muy importantes (principio de inmediación).

El recurso de apelación se presenta ante la Audiencia Provincial (o el TSJ si el juicio fue en la AP). La AP revisa la sentencia pero con una limitación fundamental: no puede revocar una absolución y condenar si ello requiere revalorar prueba personal (testimonios) sin celebrar un nuevo juicio con inmediación (doctrina constitucional consolidada).

Contra las sentencias de la Audiencia Provincial en apelación cabe recurso de casación ante el TS, pero solo por infracción de ley sustantiva (art. 849.1 LECrim). No es una nueva valoración de prueba. El TS puede casar y anular la sentencia o dictar segunda sentencia si el error es de derecho puro. No es accesible en todos los casos.

Una sentencia firme no significa entrar en prisión de forma automática. Si la pena de prisión no supera los 2 años (5 en drogodependientes) y no hay antecedentes computables, cabe solicitar la suspensión de la ejecución: durante el plazo fijado no se entra en prisión y, si no se delinque, la pena se extingue. Es imprescindible pedirla cuanto antes, porque el juzgado puede requerir el ingreso voluntario en cualquier momento si nadie la ha solicitado ya.

Si finalmente se ingresa en prisión, el Juez de Vigilancia Penitenciaria controla el cumplimiento de la pena y protege los derechos del interno durante toda esta fase: clasificación en grados (primero, segundo y tercer grado), permisos de salida, régimen de comunicaciones y visitas, y la progresión hacia la libertad condicional. Avanzar de grado no es automático: depende de la evolución, y una defensa activa en esta fase puede acortar de forma sustancial el tiempo real de cumplimiento.

Cumplida la condena (o transcurridos los plazos de prescripción de la pena), los antecedentes penales pueden cancelarse: dejan de figurar en el Registro Central de Penados y, a efectos prácticos, la persona vuelve a considerarse sin antecedentes. Esto es distinto de los antecedentes o reseñas policiales: la ficha, las huellas o la reseña que la policía conserva en sus propias bases de datos, que no se cancelan de forma automática junto con los penales y para las que existe un procedimiento separado de cancelación ante la Dirección General de la Policía, amparado en el derecho a la protección de datos personales tratados con fines penales (LO 7/2021).