Abogado penalistaDelitos informáticosen Madrid

El simple acceso no autorizado a un sistema (hacking, art. 197 bis CP) tiene pena de 6 meses a 2 años. Si además hubo daños o sabotaje (art. 264 CP), la pena sube hasta 3 años, o hasta 5 si hay agravantes. La estafa informática (art. 248.2 CP) es un delito distinto, centrado en el engaño y el beneficio patrimonial, no en el acceso en sí. Confirmar en qué encaja exactamente tu caso es lo primero que reviso.

No siempre. El tipo exige vulnerar medidas de seguridad y acceder sin autorización. Si tenías consentimiento en su momento —aunque fuera de una expareja o un excompañero de trabajo— y ese consentimiento no fue revocado expresamente, puede excluirse el delito. Es una de las líneas de defensa más habituales y también una de las más discutidas en los tribunales.

Es un terreno delicado: que la víctima enviara las imágenes voluntariamente en su momento no autoriza a difundirlas a terceros — son dos consentimientos distintos. La defensa real suele centrarse en si hubo o no difusión efectiva, en el alcance real de esa difusión, en si el lugar donde se tomó la imagen tenía realmente una expectativa de intimidad, y en si llegó a producirse el menoscabo grave que exige el tipo.

Sí, y conviene revisarlo desde el primer momento: la revelación de secretos exige denuncia previa de la persona agraviada para poder perseguirse, salvo contadas excepciones (funcionario público, intereses generales, víctima menor o con discapacidad). Si el proceso se inició sin ese requisito y no concurre ninguna excepción, es un defecto procesal que puede plantearse.

Los registros técnicos (logs, IPs, metadatos, historial de accesos) son casi siempre la prueba decisiva, en cualquiera de los dos sentidos. Revisar si esos registros están bien obtenidos, si la cadena de custodia es correcta, y si realmente identifican al autor sin margen de duda, es un trabajo que conviene hacer desde el primer momento.

Sí, mediante recurso de apelación. Vale la pena revisar especialmente si la gravedad exigida por el tipo —del acceso, del daño o del perjuicio— quedó realmente acreditada, y si la prueba pericial fue correctamente valorada.

Que la conducta provoque una disfunción real del sistema, con esfuerzos de recomposición difícilmente reversibles — no basta con un acceso o una manipulación menor sin consecuencias prácticas apreciables. Es un estándar que conviene revisar con detalle en el recurso.

Si la condena es firme, sí. Se pueden cancelar más adelante cumplidos los plazos legales. Mientras tanto, conviene valorar si queda margen real de recurso, sobre todo si la pena impuesta se sitúa en el tramo agravado del delito.