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Consulta sobre Delitos informáticos
Lo esencial
Lo primero
El Código Penal no tiene un título de «delitos informáticos»: son varias figuras repartidas por distintos capítulos, con penas muy distintas. Di qué ha pasado y de qué lado estás, y verás la figura, la pena y el primer paso.
La figura que encaja
art. 249.1 a) CP (antiguo 248.2)
Estafa informáticaart. 249.1 a)
6 meses a 3 años
Menos de 400 €, multa de 1 a 3 meses. Más de 50.000 € o abuso de confianza, de 1 a 6 años (art. 250).
Hasta 2 años cabe suspender la prisión
Conseguir una transferencia no consentida mediante una manipulación informática o un artificio semejante. Es, con diferencia, la modalidad más frecuente entre particulares: el phishing, el SMS del banco, el Bizum que nunca era para lo que parecía.
Qué hacer hoyLlama al banco ya para intentar bloquear o retroceder la transferencia, guarda el mensaje y la operación, y denuncia en tu domicilio: la competencia corresponde al juzgado donde sufriste el engaño, no donde esté el estafador ni la cuenta de destino.
Orientativo. Muchos casos combinan varias figuras a la vez; la calificación correcta desde el primer momento determina toda la estrategia.
Si acabas de sufrir un fraude o una difusión de imágenes, las primeras horas son las que más margen dan para actuar. No esperes a mañana.
El banco a veces aún puede bloquear o retroceder la transferencia si el dinero no se ha movido; la plataforma puede retirar el contenido si se le cita la infracción; y los registros técnicos que identifican al autor se degradan o sobrescriben si nadie los preserva. La denuncia, bien calificada desde el principio, hace que la instrucción arranque por el camino adecuado.
¿Cuál es tu situación?
Cada momento del proceso tiene sus propias urgencias. Abre tu situación y lee solo lo que te afecta.
Ya sea un phishing, un hackeo o la difusión de contenido íntimo sin tu permiso, la velocidad de reacción marca una diferencia real.
Llama a tu banco de inmediato para intentar bloquear o recuperar la transferencia: a veces todavía es posible si el dinero no se ha movido de la cuenta de destino. Denuncia cuanto antes, no hace falta que sepas quién está detrás: se denuncia en tu domicilio, donde sufriste el engaño.
En tu domicilio. Los tribunales tienen fijado, en un número muy elevado de resoluciones, que la competencia corresponde al juzgado donde la víctima sufrió el engaño y el perjuicio patrimonial, no donde reside el investigado ni donde está la cuenta receptora del dinero.
Denuncia cuanto antes (este delito exige tu denuncia para poder perseguirse), y en paralelo pide a la plataforma donde se difundió la retirada del contenido citando la infracción. Guarda capturas completas de la difusión antes de que se borre nada: necesitarás esa prueba, aunque parezca contradictorio con las ganas de que desaparezca cuanto antes.
Aísla el sistema afectado para evitar que el daño se extienda, conserva los registros técnicos (logs) sin modificarlos, y denuncia cuanto antes. Esos registros suelen ser la prueba de más peso, y se degradan o sobrescriben con el tiempo si no se preservan bien.
Si acaba de pasar, escríbeme hoy
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«Delito informático» no es un solo tipo penal, sino varios, con penas muy distintas. La estrategia depende por completo de cuál te imputen y de qué se pueda acreditar técnicamente.
El simple acceso no autorizado a un sistema (hacking, art. 197 bis CP) tiene pena de 6 meses a 2 años. Si además hubo daños o sabotaje (art. 264 CP), la pena sube hasta 3 años, o hasta 5 si hay agravantes. La estafa informática (art. 249.1 a) CP) es un delito distinto, centrado en el engaño y el beneficio patrimonial, no en el acceso en sí. Confirmar en qué encaja tu caso es lo primero que reviso.
No siempre. El tipo exige vulnerar medidas de seguridad y acceder sin autorización. Si tenías consentimiento en su momento (aunque fuera de una expareja o un excompañero de trabajo) y ese consentimiento no fue revocado expresamente, puede excluirse el delito. Es una de las líneas de defensa más habituales y también una de las más discutidas en los tribunales.
Es un terreno delicado: que la víctima enviara las imágenes voluntariamente en su momento no autoriza a difundirlas a terceros: son dos consentimientos distintos. La defensa real suele centrarse en si hubo o no difusión efectiva, en el alcance real de esa difusión, en si el lugar donde se tomó la imagen tenía una expectativa de intimidad, y en si llegó a producirse el menoscabo grave que exige el tipo.
Sí, y conviene revisarlo desde el primer momento: la revelación de secretos exige denuncia previa de la persona agraviada para poder perseguirse, salvo contadas excepciones (funcionario público, intereses generales, víctima menor o con discapacidad). Si el proceso se inició sin ese requisito y no concurre ninguna excepción, es un defecto procesal que puede plantearse.
Los registros técnicos (logs, IPs, metadatos, historial de accesos) son casi siempre la prueba de más peso, en cualquiera de los dos sentidos. Revisar si esos registros están bien obtenidos, si la cadena de custodia es correcta, y si identifican al autor sin margen de duda, es un trabajo que conviene hacer desde el primer momento.
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En los delitos informáticos, el juicio gira casi siempre en torno a informes periciales, registros técnicos y su correcta obtención.
En la mayoría de los casos, sí. Un informe pericial que explique con claridad qué muestran los registros técnicos, y qué no, suele pesar mucho, tanto para sostener la acusación como para desmontarla.
Depende del delito y de las circunstancias. En muchos casos, especialmente cuando hay perjuicio económico o daños cuantificables, reparar el perjuicio antes del juicio puede facilitar una atenuante o incluso una conformidad con una pena reducida. En la revelación de secretos, además, el perdón de la víctima puede cerrar el caso directamente, salvo que el autor sea funcionario público.
Puede quedar excluida del juicio. Si los registros se obtuvieron sin las garantías legales adecuadas (por ejemplo, sin autorización judicial cuando era necesaria), cabe plantear su nulidad, lo que puede debilitar mucho la acusación.
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Tienes 10 días desde la notificación para anunciar la apelación. Si la sentencia acaba de llegarte, esto es lo primero que hay que resolver.
Sí, mediante recurso de apelación. Vale la pena revisar especialmente si la gravedad exigida por el tipo (del acceso, del daño o del perjuicio) quedó acreditada, y si la prueba pericial fue correctamente valorada.
Que la conducta provoque una disfunción real del sistema, con esfuerzos de recomposición difícilmente reversibles; no basta con un acceso o una manipulación menor sin consecuencias prácticas apreciables. Es un estándar que conviene revisar con detalle en el recurso.
Si la condena es firme, sí. Se pueden cancelar más adelante cumplidos los plazos legales. Mientras tanto, conviene valorar si queda margen real de recurso, sobre todo si la pena impuesta se sitúa en el tramo agravado del delito.
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Las penas
La calificación correcta desde el primer momento determina toda la estrategia, tanto en defensa como en acusación.
Estafa informática (phishing, Bizum, SMS falsos)art. 249.1 a)
6 meses a 3 años
Menos de 400 €, multa. Más de 50.000 € o abuso de confianza, de 1 a 6 años (art. 250).
Acceso ilícito a un sistema (hacking)art. 197 bis
6 meses a 2 años
Daños informáticos (sabotaje)art. 264
6 meses a 3 años
Con organización, especial gravedad o servicios esenciales, de 2 a 5 años y multa.
Revelación de secretosart. 197.1 y 2
1 año a 4 años
Más multa. Si además se difunde, de 2 a 5 años; con ánimo de lucro y datos sensibles, de 4 a 7. Exige denuncia de la víctima.
Difusión de imágenes íntimas sin consentimientoart. 197.7
3 meses a 1 año
O multa de 6 a 12 meses. Mitad superior si la víctima es o fue pareja, menor o con discapacidad, o hay ánimo de lucro.
Sextorsión: exigir dinero bajo amenaza de difundirarts. 169 y 243
1 año a 5 años
Amenaza condicional conseguida; si no se consigue, de 6 meses a 3 años. Extorsión, de 1 a 5 años.
Hasta 2 años cabe suspender la prisión
Marcos del Código Penal (texto consolidado). Muchos casos combinan varias figuras; la revelación de secretos y la difusión de imágenes exigen denuncia de la persona agraviada, y su perdón extingue la acción salvo excepciones.
Este capítulo (arts. 197 a 201 CP) no es una sola figura. ¿Usaste documentos suyos (médicos, contables, cartas) en tu divorcio? ¿Accediste a una cuenta que compartíais, o cuya contraseña conocías de antes? ¿Eres funcionario y usaste tu clave de acceso para algo fuera de tus funciones? Cada situación tiene su propia defensa, y su propia jurisprudencia.
Lo que se castiga es apoderarse o acceder a los datos, no el uso posterior de lo que ya se conocía por la convivencia: así absolvió la Audiencia de Valencia a un exmarido que presentó documentos médicos de su exmujer en el divorcio. Una fecha puede cambiar el caso.
La guía completa de revelación de secretos: divorcio, acceso a dispositivos, secreto de empresa, funcionario público.
Así lo resuelven los tribunales
La gravedad que exige el sabotaje informático y la intimidad compartida en el divorcio.
El casoUn extrabajador, tras ser despedido, accedió sin autorización a los sistemas informáticos de su antigua empresa utilizando claves que aún conocía y realizó múltiples acciones de sabotaje durante más de un año.
La reglaEn el delito de sabotaje informático, la gravedad se acredita cuando la conducta provoca una disfunción del sistema que requiere esfuerzos de recomposición difícilmente reversibles, con independencia del mecanismo técnico empleado.
El casoUn exmarido presentó documentos médicos de su exmujer en la demanda de divorcio para pedir la custodia del hijo. Los documentos estaban en su poder desde la convivencia: había acompañado a su mujer a las citas y parte se la había enviado ella misma.
La reglaEl art. 197.1 CP tipifica apoderarse o acceder a los datos, no su uso posterior cuando ya se conocían por razón de la convivencia. Sin prueba clara de que el apoderamiento fue posterior a la ruptura, rige el in dubio pro reo.
Resoluciones reales que he revisado y resumido. No sustituyen el análisis de tu caso.
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Preguntas
Tanto si te acusan como si eres tú quien ha sufrido el delito.
En tu domicilio, o donde recibiste el mensaje engañoso y ordenaste la transferencia: no hace falta localizar al estafador ni saber dónde está la cuenta de destino. Los tribunales tienen fijado que, en estafas informáticas sencillas, la competencia corresponde al juzgado donde la víctima sufrió el engaño y el perjuicio patrimonial, precisamente para no obligarte a litigar lejos de casa.
A veces sí, si la cuenta de destino aún no ha movido el dinero. Llama a tu banco de inmediato para pedir que intenten bloquear o recuperar la transferencia, y denuncia cuanto antes: la denuncia ayuda a que el banco active sus propios protocolos de fraude. Cuanto más tiempo pase, más difícil es recuperar nada, porque el dinero suele moverse a otras cuentas en horas.
Son delitos distintos, aunque a veces coinciden en el mismo caso. El hacking (art. 197 bis CP) castiga el simple acceso no autorizado a un sistema, aunque no se cause ningún daño. El sabotaje o daños informáticos (art. 264 CP) castiga borrar, dañar o inutilizar datos o sistemas ajenos. La estafa informática (art. 248.2 CP) castiga usar engaño o manipulación informática para obtener un beneficio patrimonial, como el phishing.
Con la revelación de secretos (arts. 197 a 201 CP), sí, como regla general: es un delito semipúblico que exige denuncia previa de la persona agraviada o su representante legal (art. 201 CP). La Fiscalía no puede impulsar el proceso por su cuenta salvo en tres excepciones: que el autor sea autoridad o funcionario público que abusa de su cargo, que el delito afecte a intereses generales o a muchas personas a la vez, o que la víctima sea menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección. Fuera de esos casos, sin la denuncia de quien lo sufrió, el proceso ni siquiera se abre. El hacking, el sabotaje y la estafa informática no tienen esta exigencia: se persiguen de oficio.
En la revelación de secretos, sí, como regla general: el perdón de la persona ofendida extingue la acción penal (art. 201.3 CP), igual que ocurre en injurias y calumnias. La excepción es cuando el delito lo comete una autoridad o funcionario público prevaliéndose de su cargo: ahí el perdón no basta, porque se entiende que está en juego algo más que el interés particular de la víctima: la reserva y el correcto funcionamiento de los archivos públicos.
Depende de si hubo o no consentimiento, y de qué se hizo con lo que se accedió. Si hubo autorización expresa en su momento, o el acceso fue a un dispositivo o cuenta compartida sin restricciones, puede excluirse el delito. También importa si solo hubo acceso, o además apoderamiento y uso de la información: cada elemento cambia la calificación y la pena.
Es delito (art. 197.7 CP), aunque tú misma hubieras enviado esas imágenes en su momento a la persona que ahora las difunde: el consentimiento para compartirlas en privado no es consentimiento para su difusión. Denuncia cuanto antes, conserva capturas de la difusión (perfiles, fechas, mensajes), y pide a las plataformas la retirada del contenido citando la infracción. No es necesario que la difusión haya sido masiva para que sea delito.
Aquí es donde más casos se caen: el art. 197.7 CP exige que la imagen se haya obtenido en un domicilio o en un lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, es decir, en un espacio con una expectativa real de intimidad. El Tribunal Supremo (STS 70/2020) fijó que hay que valorar caso por caso dónde se tomó la imagen, qué expectativa de privacidad tenía ese lugar, y el contenido concreto de lo revelado. Una imagen captada abiertamente en la vía pública, visible para cualquiera, normalmente queda fuera de este delito concreto: aunque puede seguir protegida por la vía civil del derecho a la propia imagen.
No pagues ni cedas a la exigencia: ceder no garantiza que paren, y puede alimentar el chantaje. Guarda toda la conversación sin borrar nada y denuncia de inmediato: no hace falta que las imágenes lleguen a difundirse para que ya sea delito, porque usarlas como amenaza es en sí mismo punible junto con la extorsión o las coacciones.
Varios, y se pueden acumular: que el autor sea la persona encargada del fichero o registro (art. 197.4 CP), que se usen indebidamente datos personales de la víctima, que además se difundan a terceros, que los datos sean especialmente sensibles (ideología, religión, salud, vida sexual, origen racial) o afecten a un menor o persona con discapacidad (art. 197.5 CP), que haya ánimo de lucro (art. 197.6 CP), o que el autor sea autoridad o funcionario público que abusa de su cargo (art. 198 CP), lo que además añade inhabilitación absoluta de 6 a 12 años. Combinados, pueden llevar la pena hasta 7 años de prisión, muy por encima del tipo básico.
El simple acceso vulnerando medidas de seguridad, sin llegar a causar daños, se castiga con prisión de 6 meses a 2 años (art. 197 bis.1 CP). Si además hubo daños o sabotaje del sistema, se aplica el art. 264 CP, con pena de 6 meses a 3 años, que puede subir a 2-5 años si concurren agravantes como organización criminal o afectación a servicios esenciales.
Además de la vía penal por acceso ilícito o sabotaje, puedes reclamar la responsabilidad civil derivada del delito: el coste de recomposición de los sistemas, el perjuicio económico causado y, en su caso, los datos o información sustraída. Es clave conservar los registros técnicos (logs) que acrediten el acceso y el momento exacto, antes de que se pierdan.
No. La denuncia se admite igualmente; es la instrucción policial y judicial la que debe identificar al autor a partir de la cuenta bancaria, el número de teléfono o el rastro digital dejado. Aporta todo lo que tengas: capturas de pantalla completas, número de cuenta o Bizum, y cualquier comunicación, aunque no sepas quién hay detrás.
Todo lo relacionado con el hecho, sin editar ni recortar: capturas completas de la conversación o publicación (con fecha y perfil visibles), justificantes bancarios de las transferencias, correos o SMS recibidos con sus cabeceras si es posible, y el número de cuenta o teléfono de destino. Cuanto antes se reúna esta prueba, más fuerte es la denuncia y más fácil la identificación del autor.
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Saúl Rosell Manglano · ICAM 83.198 · Madrid · Presupuesto por escrito, gratis y sin compromiso
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