Abogado penalista Revelación de secretos en Madrid y en toda España

Depende de un matiz que decide el caso entero: el art. 197.1 castiga el apoderamiento (conseguir algo que antes no tenías), no el uso de algo que ya conocías. Si tuviste esos documentos durante la convivencia, dentro de la «intimidad compartida» de la pareja, no hubo descubrimiento posible después, porque nunca fueron secretos para ti. La fecha exacta en que obtuviste la información es el centro de la defensa, y es la acusación quien tiene que probarla.

El resultado cambia según el tipo de dato. Si son datos sensibles (un historial médico), el simple acceso ya es típico. Si son datos reservados pero no sensibles (fotos, currículum, documentos personales), el acceso por sí solo no basta: la acusación tiene que acreditar un perjuicio real y concreto. Que solo recuperaras tus propios archivos, sin usar nada en tu beneficio ni en perjuicio del otro, es un argumento de peso.

Es un escenario habitual y arriesgado. La defensa se construye sobre el rol real que desempeñabas: si tu función excedía la de un simple empleado y te daba autorización de hecho para operar con esos sistemas, puede excluir el delito. Pero conviene ser realista: ese argumento no siempre evita que el caso llegue a juicio, sobre todo si hay motivaciones ligadas al divorcio que compliquen la valoración de los indicios.

Es un terreno donde muchas defensas se equivocan de estrategia. No es exigencia legal que el volcado de un móvil se limite por palabras clave ni a un plazo estricto: el Supremo ha avalado analizar hasta ocho meses anteriores al hecho cuando resulta relevante. El verdadero terreno de impugnación no es «fue demasiado amplio», sino si el juez controló que no se usara información ajena al objeto de la investigación, o si hubo una prospección encubierta bajo la apariencia de un hallazgo casual.

La captación en sí ya consuma el delito del art. 197.1: no hace falta que se difunda nada. Si el mismo dispositivo grabó a varias personas, los tribunales lo tratan como un concurso ideal (una pena agravada por la pluralidad de víctimas), no como una condena separada por cada una: la intimidad es un bien personalísimo que el art. 74.3 excluye del delito continuado.

El tipo exige dolo directo: la voluntad específica de descubrir secretos o vulnerar la intimidad. Ni la imprudencia ni el dolo eventual bastan. Un acceso accidental, o uno que se produjo con la convicción razonable de tener autorización, es un argumento de defensa sólido si se puede sostener con los hechos concretos.

La Ley 1/2019 de Secretos Empresariales exige tres requisitos a la vez: que la información sea secreta (no conocida ni fácilmente accesible en el sector), que tenga valor precisamente por serlo, y que su titular haya adoptado medidas razonables para protegerla. Si la empresa no acredita los tres, no hay secreto empresarial que proteger, por mucho que se sienta perjudicada por tu marcha.

Ocurre con frecuencia: un impago o un desacuerdo contractual se envuelve en una acusación de extorsión, revelación de secretos o acceso ilícito para dar peso a una reclamación civil. La defensa pasa por pedir el sobreseimiento en instrucción, mostrando que los correos, burofaxes y documentos de la acusación describen un conflicto contractual, no una conducta penal.

El art. 198 es una agravación dentro del capítulo de intimidad: se aplica cuando un funcionario comete, prevaliéndose de su cargo, cualquiera de las conductas del art. 197; eleva la pena a la mitad superior y añade inhabilitación absoluta de 6 a 12 años. Los arts. 417-418 están en los delitos contra la Administración Pública: castigan de forma autónoma revelar secretos o información que no deba divulgarse, conocidos por razón del cargo, aunque no haya vulneración de la intimidad de un particular. Son dos regímenes con requisitos distintos.

Tener la clave asignada para tu puesto no equivale a estar autorizado para cualquier uso. Los tribunales distinguen entre el acceso técnico (que tenías) y la autorización funcional para ese uso concreto (que puede faltar). Si la consulta no derivaba de tu actuación en el ejercicio de tus funciones, que la clave fuera tuya no te protege. Y aquí ni hace falta denuncia de la víctima ni sirve su perdón.

Denuncia cuanto antes: este delito exige tu denuncia para poder perseguirse y, sin ella, aunque haya pruebas claras, no hay proceso. Conserva la prueba antes de pedir que desaparezca: capturas completas, registros de acceso, comunicaciones. Pide en paralelo a la plataforma la retirada del contenido.

La competencia es la del domicilio de quien difundió el contenido, no la tuya (al contrario que en la estafa informática). Plantearlo bien desde el principio evita meses de retraso. Como acusación particular puedes dirigir la prueba y reclamar la indemnización por el daño moral.