Abogado penalista de empresa y directivos la sociedad investigada y quien la dirige, en toda España

Sí. Desde la reforma de 2010 y su desarrollo por la LO 1/2015, el art. 31 bis del Código Penal establece la responsabilidad penal autónoma de la persona jurídica por un catálogo cerrado de delitos (entre otros, estafa, delito fiscal, blanqueo, corrupción, delitos contra el medio ambiente, contra los trabajadores o descubrimiento de secretos). La sociedad responde por su cuenta (con sus propias penas) cuando el delito lo comete, en su beneficio, un administrador o directivo (letra a), o un subordinado por defecto de supervisión (letra b). Es una responsabilidad distinta y acumulable a la de la persona física.

Puede hacerlo. El art. 31 bis 2 y 4 configura el modelo de organización y gestión (compliance penal) como una eximente: si antes de cometerse el delito el órgano de administración había adoptado y ejecutado con eficacia un programa idóneo para prevenir delitos de esa naturaleza, con un órgano de vigilancia autónomo, la persona jurídica queda exenta. Si el modelo solo acredita parcialmente esas condiciones, opera como atenuante. Lo que importa no es tener el documento, sino su idoneidad y su aplicación real y verificable.

No necesariamente. El Tribunal Supremo distingue entre el cargo puramente formal y quién decide en realidad. Ser administrador de derecho no basta para condenar si se acredita que otro (el administrador de hecho) era quien gestionaba y tomó la decisión delictiva. La defensa se centra en probar la ausencia de dominio del hecho y de participación real. Es una de las líneas más eficaces en los delitos de empresa.

El Código Penal alcanza al administrador de hecho, no solo al de derecho. Quien dirige efectivamente la sociedad, decide y ejecuta (aunque no conste en el Registro) responde como administrador. La jurisprudencia lo aplica con frecuencia en tramas familiares y sociedades instrumentales: el testaferro formal puede quedar absuelto y el gestor real, condenado. Deslindar quién es quién es una cuestión probatoria central.

La delegación de funciones traslada el deber de actuar, pero no elimina por completo el deber de vigilancia del delegante. El administrador que delega debe seleccionar bien, dotar de medios y supervisar; si omite esa vigilancia y de ello resulta el delito, puede responder por la vía de la comisión por omisión (art. 11 CP) o del art. 31 bis 1 b). Un buen mapa de delegaciones, con facultades y controles definidos, es tan defensivo como el propio programa de prevención.

Las del art. 33.7: multa (por cuotas o proporcional al beneficio o al perjuicio), y, en los casos graves, disolución, suspensión de actividades hasta cinco años, clausura de locales, prohibición de realizar la actividad, inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas o para contratar con el sector público, e intervención judicial. A ello se suma casi siempre el decomiso de las ganancias. Para muchas empresas, la prohibición de contratar con lo público o la intervención son más letales que la multa.

Sí, porque son responsabilidades independientes. El Tribunal Supremo ha confirmado condenas a la persona física administradora absolviendo a la sociedad (por ejemplo, cuando no se acreditó que la sociedad tuviera una estructura que permitiera imputarle el hecho, o que el delito se cometiera en su provecho). Y a la inversa. Por eso la defensa de la empresa y la del directivo deben plantearse por separado, valorando incluso si sus intereses son o no coincidentes.

Actuar rápido y con método. Lo primero es una investigación interna reservada para conocer el alcance real, preservar la prueba y evitar la destrucción de información. En paralelo, valorar la regularización o reparación cuando el tipo lo permita (delito fiscal, por ejemplo) y la posibilidad de colaborar con la autoridad, que puede operar como atenuante (confesión, colaboración, reparación del daño). Cada decisión de las primeras horas condiciona la posición de la empresa y de sus directivos durante todo el procedimiento.