Delitos societarios

Son un grupo de figuras penales recogidas en los arts. 290 a 297 del Código Penal que protegen el correcto funcionamiento de las sociedades y los intereses de socios, acreedores y terceros. Incluyen el falseamiento de las cuentas anuales (art. 290), la imposición de acuerdos abusivos o lesivos por mayoría ficticia (arts. 291 y 292), la negativa a un socio del ejercicio de sus derechos (art. 293) y la obstrucción a los órganos de inspección o supervisión (art. 294). Se cometen desde dentro de la sociedad, normalmente por quien la administra, y buscan reprimir el fraude en el gobierno societario.

Es la cuestión decisiva. No todo abuso de mayoría, ni toda discrepancia sobre la gestión, es delito. El Derecho mercantil ofrece sus propias vías —impugnación de acuerdos, acción social de responsabilidad, separación del socio— y muchas querellas societarias son en realidad conflictos mercantiles trasladados al terreno penal para presionar. El tipo penal exige algo más: falsedad idónea para causar un perjuicio, abuso con ánimo de lucro propio o ajeno en perjuicio de la sociedad o de los socios, o una negativa cualificada de derechos. Delimitar esa frontera es la primera línea de defensa.

Es el núcleo de los delitos societarios. Castiga a los administradores, de hecho o de derecho, que falsean las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la sociedad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la propia sociedad, a un socio o a un tercero. No se exige que el perjuicio llegue a producirse: basta con la aptitud del documento falseado para causarlo; si el perjuicio se materializa, la pena se impone en su mitad superior. Es un delito de los llamados de peligro para el patrimonio.

Puede serlo. El art. 293 castiga a los administradores que, sin causa legal, nieguen o impidan a un socio el ejercicio de sus derechos de información, participación en la gestión o control de la actividad social, o su derecho de suscripción preferente de nuevas acciones. No cualquier retraso o discrepancia lo integra: se exige una negativa u obstrucción real y sin cobertura legal. Con frecuencia esta conducta aparece unida al falseamiento de la gestión, cuando el administrador maneja la sociedad de espaldas a los socios.

La reforma operada por la LO 1/2015 la sacó de los delitos societarios. Hasta 2015, el art. 295 castigaba al administrador que, en perjuicio de la sociedad o de los socios, disponía fraudulentamente de sus bienes o contraía obligaciones a su cargo. Desde la reforma, esa conducta se regula con carácter general en el art. 252 como administración desleal del patrimonio, aplicable a cualquier administrador de patrimonio ajeno, no solo al societario. Por eso hoy el fraude del administrador se analiza en la frontera entre el art. 252 (administración desleal) y el art. 253 (apropiación indebida).

Por regla general, sí. El art. 296 establece una condición de perseguibilidad: los delitos societarios solo se persiguen mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal (o del Ministerio Fiscal si aquella es menor, incapaz o desvalida). Es lo que se llama un delito semipúblico. La excepción es relevante: no se necesita denuncia cuando la comisión del delito afecta a los intereses generales o a una pluralidad de personas. Conocer si concurre o no esa condición condiciona la propia viabilidad del procedimiento.

Un concepto muy amplio. El art. 297 aclara que, a estos efectos, se entiende por sociedad toda cooperativa, caja de ahorros, mutua, entidad financiera o de crédito, fundación, sociedad mercantil o cualquier otra entidad de análoga naturaleza que para el cumplimiento de sus fines participe de modo permanente en el mercado. La definición penal desborda el concepto mercantil estricto, de modo que estos tipos alcanzan a estructuras que no son sociedades de capital en sentido técnico.

Las penas de los arts. 290 a 294 se mueven, según la figura, en horquillas de prisión de seis meses a tres años y/o multa, con agravación cuando el perjuicio llega a producirse. Junto a la responsabilidad de la persona física puede activarse la de la propia persona jurídica por la vía del art. 31 bis, con las penas del art. 33.7 (multa, inhabilitaciones, incluso intervención o disolución en los casos graves). Por eso conviene analizar desde el principio la doble exposición: la del administrador y la de la sociedad.