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Consulta sobre Delito fiscal
Lo esencial
La pregunta principal
El delito fiscal no castiga pagar menos impuestos, sino defraudar con engaño u ocultación por encima de un umbral. Mueve la cuota, marca lo que pasó y mira en qué zona cae tu caso.
150.000 €
Dónde cae tu caso
Delito contra Hacienda (art. 305)
Prisión de 1 a 5 años y multa del tanto al séxtuplo de la cuota
Con más de 120.000 € de cuota, engaño u ocultación y sin regularización previa, Hacienda pasa el tanto de culpa a la Fiscalía. En un primer delito, con reparación, la prisión suele poder suspenderse. A la pena se suma la responsabilidad civil: la cuota más los intereses.
Orientativo. La cuota la fija la pericial de la Inspección y se discute con una pericial de parte; el umbral se mide por cada impuesto y cada periodo.
La inspección no es el delito. La mayoría acaban en un acta. El momento de reaccionar es cuanto antes.
Cuándo sí hay delito: ocultar ingresos, facturar operaciones inexistentes, usar sociedades pantalla o testaferros, simular gastos, esconder patrimonio en el extranjero. En una palabra: engañar para no pagar, superando el umbral. Cuándo es solo administrativo: una discrepancia interpretativa razonable, una economía de opción, un error del asesor o un fraude de ley sin ocultación.
La exención del art. 305.4
Es la herramienta más potente en materia fiscal, y muchas veces se llega tarde. Tiene tres condiciones estrictas, y un plan B si ya no se cumplen.
Completa
Reconocer y pagar la totalidad de lo defraudado, con sus intereses. Una regularización parcial no protege.
Espontánea
Por iniciativa propia, no forzada por una inspección ya en marcha.
A tiempo
Antes de que Hacienda notifique el inicio de actuaciones de comprobación, o de que llegue una querella o denuncia. Pasado ese momento, ya no es posible.
Si ya es tarde para regularizar
Pagar la deuda y reconocer judicialmente los hechos antes de que pasen dos meses desde la citación como investigado permite al juez imponer la pena inferior en uno o dos grados (art. 305.6, y 307.5 en la Seguridad Social). De 1 a 5 años se puede pasar a menos de un año, suspendible. Y pagar más tarde sigue siendo atenuante.
Lo que suele decidir el caso
Seis puntos en los que una acusación por delito fiscal se gana o se pierde.
Las penas
No es un solo delito, sino una familia de figuras con umbrales y penas distintos. A la prisión se suma siempre una multa proporcional a lo defraudado.
Defraudación tributaria (más de 120.000 €)art. 305
1 año a 5 años
Más multa del tanto al séxtuplo de la cuota.
Agravada: más de 600.000 €, organización, testaferros o paraísosart. 305 bis
2 años a 6 años
Más multa del doble al séxtuplo. Prescribe a los diez años.
Fraude a la Seguridad Social (más de 50.000 €)art. 307
1 año a 5 años
Más multa del tanto al séxtuplo. Agravado (art. 307 bis) a partir de 120.000 €, de 2 a 6 años.
Prestaciones indebidas de la Seguridad Socialart. 307 ter
6 meses a 3 años
Si no reviste especial gravedad, solo multa. Más de 50.000 €, de 2 a 6 años.
Fraude de subvenciones (más de 100.000 €)art. 308
1 año a 5 años
Más multa del tanto al séxtuplo.
Delito contableart. 310
5 meses a 7 meses
Hasta 2 años cabe suspender la prisión
Marcos del Código Penal (texto consolidado). Pagar y reconocer los hechos en dos meses desde la citación baja uno o dos grados; las dilaciones indebidas y la reparación atenúan.
Herramienta
Elige la modalidad y las circunstancias de tu caso: pago en dos meses, reparación, dilaciones, antecedentes. El resultado sigue las reglas del Código Penal y te dice si cabe suspender la prisión.
Marca lo que encaje con tu caso
Eludir el pago de tributos, obtener devoluciones indebidas o disfrutar de beneficios fiscales indebidos, con una cuota superior a 120.000 € por impuesto y periodo, mediante engaño u ocultación.
El cooperador necesario y el inductor responden con la misma pena que el autor (art. 28 CP); solo el cómplice tiene pena inferior en grado (art. 63 CP).
Rebajas que el juez puede aplicar razonándolo en sentencia. Son de las bazas más potentes de la defensa.
Art. 22 CP: llevan la pena a la mitad superior del marco.
Art. 21 CP: una lleva la pena a la mitad inferior; dos o más pueden bajarla de grado.
Cuando la atenuante concurre con especial intensidad: pena inferior en uno o dos grados (art. 66.1.2ª CP).
Tipo aplicable
Defraudación tributaria (art. 305.1 CP)
1 año a 5 años de prisión
En la práctica
Entrar o no entrar en prisión se juega aquí. Parte del marco supera los 2 años que permiten la suspensión (art. 80 CP): cada mes que la defensa rebaje puede ser la diferencia.
Antecedentes penales: con una condena en este marco, la cancelación tarda aproximadamente 10 años desde el cumplimiento (art. 136 CP).
Dónde se juega tu caso
Un caso real
El responsable de una promotora omitió declarar ocho ventas de viviendas y dos solares, dejando de ingresar 905.230 € de IVA. El proceso se dilató durante años.
Resultado: condena, con la pena rebajada por las dilaciones indebidas. Omitir declarar operaciones para no ingresar el impuesto es defraudación.
SAP SE 3841/2025 · Audiencia Provincial de Sevilla
Resolución real analizada por el despacho. Cada caso es distinto: el mismo delito acaba de formas muy diferentes según cómo se defienda.
El Código fija la horquilla. El punto exacto lo decide la defensa.
Dentro de este marco caben resultados muy distintos: multa o prisión, suspensión o ingreso, condena o archivo. La diferencia está en cómo se trabaja el caso desde el primer día.
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Urgencias: 688 884 488Estimación orientativa. A la pena se suma la responsabilidad civil (la cuota más los intereses de demora) y la multa proporcional. La empresa puede responder por su cuenta (art. 310 bis). El delito fiscal prescribe a los cinco años; el agravado, a los diez. El resultado real depende de los hechos probados, la prueba y el tribunal; esta herramienta no sustituye el análisis individualizado de un abogado penalista.
Así lo resuelven los tribunales
De la operación agresiva que no fue delito a las facturas de una empresa pantalla. Las dos primeras, a la vista; el resto, si quieres seguir leyendo.
El casoUna sociedad hizo una ampliación de capital con inmuebles del grupo que generó IVA soportado y solicitó su deducción; Hacienda lo consideró un montaje irregular.
La reglaDefraudar (art. 305) no equivale a cualquier conducta irregular ni al fraude de ley: hace falta un elemento de mendacidad u ocultación de la base imponible. Sin ocultación, no hay delito.
El casoSe acusó a tres personas de crear sociedades pantalla para obtener devoluciones indebidas de IVA; condenados por tentativa en instancia, la Audiencia revocó la condena.
La reglaCuando la prueba no acredita con solidez la trama ni el dolo defraudatorio, procede la absolución, incluso ante estructuras societarias complejas. La solidez de la pericial decide el caso.
El casoEl administrador de una sociedad se dedujo 562.763 € de IVA con facturas de una empresa pantalla, por operaciones inexistentes y sin infraestructura real.
La reglaDeducir IVA con facturas de operaciones ficticias es defraudación tributaria y concurre con la falsedad documental. La ausencia de actividad real de la emisora es el dato que lo delata.
El casoEl responsable de una promotora omitió declarar ocho ventas de viviendas y dos solares, dejando de ingresar 905.230 € de IVA. El proceso se dilató durante años.
La reglaOmitir declarar operaciones para no ingresar el impuesto es defraudación. En procesos muy largos, la atenuante de dilaciones indebidas puede rebajar sensiblemente la pena.
El casoUna pensionista de viudedad se casó por lo canónico sin inscribir el matrimonio y lo ocultó al INSS para seguir percibiendo la pensión, cobrando 311.641 € indebidos.
La reglaOcultar a la Seguridad Social un hecho que extingue la prestación, para seguir cobrándola, es fraude del art. 307 ter. Lo determinante es la ocultación deliberada del cambio de situación.
Resoluciones reales que he revisado y resumido. No sustituyen el análisis de tu caso.
Si una defraudación tributaria se comete en el seno de una empresa, la exposición se duplica: responde la persona física que decidió y responde la propia sociedad. Son responsabilidades autónomas (art. 31 bis CP): la de la sociedad exige que el delito se cometiera en su beneficio por un administrador o directivo, o por un subordinado por defecto de control; la del directivo, su dominio real del hecho o su deber de garante incumplido. Separar al que decidió del que solo firmaba, y valorar el programa de prevención, es el núcleo de la defensa.
Responde quien gestiona y decide en la práctica, figure o no en el Registro. El administrador de derecho puramente formal tiene defensa; el administrador de hecho responde aunque no conste. La delegación traslada el deber de actuar, pero no elimina el deber de vigilancia del delegante.
Un modelo de prevención idóneo, adoptado y ejecutado con eficacia antes del delito, con órgano de vigilancia autónomo, puede dejar a la empresa exenta (art. 31 bis 2 y 4). Si solo se acredita en parte, atenúa. El documento por sí solo no basta; hay que acreditar que se aplicaba.
Multa, pero también prohibición de contratar con el sector público, inhabilitación para subvenciones, suspensión, intervención judicial o disolución (art. 33.7), más el decomiso de las ganancias. Para muchas empresas, estas consecuencias pesan más que la propia multa.
Si llega la condena por una defraudación tributaria, la ejecución de la pena es otra fase que hay que defender. En los delitos económicos, la pena de prisión suele ser suspendible en un primer delito, pero esa suspensión se somete a condiciones, y la principal es pagar la responsabilidad civil. Los tribunales revocan la suspensión y ordenan el ingreso en prisión cuando el condenado, pudiendo, no repara el daño. A ello se suman la inhabilitación que acompaña a muchos de estos delitos y el decomiso de las ganancias. Planificar la ejecución (cuándo y cómo se paga, cómo se acredita la insolvencia real) importa tanto como el juicio.
Suspender la pena (art. 80) exige, salvo insolvencia acreditada, el compromiso de satisfacer la responsabilidad civil. Un plan de pagos realista y cumplido es lo que mantiene al directivo fuera de prisión.
La inhabilitación para administrar o para el ejercicio de industria o comercio afecta a la carrera profesional; el decomiso alcanza las ganancias y su producto. Discutir su alcance protege el patrimonio y el futuro.
No pagar porque no se puede es distinto de no querer pagar. Acreditar la imposibilidad real de abono (no una insolvencia simulada) es lo que evita la revocación de la suspensión.
Así lo resuelven los tribunales
El caso.Penada por estafa que se había comprometido a pagar la responsabilidad civil por cuotas y dejó de abonarlas sin justificación.
La regla.El impago injustificado de la responsabilidad civil comprometida revoca la suspensión de la pena: la condenada debe ingresar en prisión. Reparar el daño es la condición de la suspensión.
El caso.Condenado con ingresos de unos 2.000 euros al mes que no abonó cantidad alguna de la responsabilidad civil en tres años.
La regla.Tener capacidad de pago y no destinar nada a la responsabilidad civil determina la revocación de la suspensión. El tribunal valora el esfuerzo real, no la simple alegación de dificultad.
El caso.Condenado por estafa que acabó pagando la responsabilidad civil, pero incumplió el pago de la multa y volvió a delinquir a los tres días de la sentencia.
La regla.Cumplir solo una parte de las condiciones no basta: el impago de la multa y la reincidencia inmediata también revocan la suspensión. Hay que cumplir todas las condiciones durante todo el plazo.
Resoluciones reales de Audiencias Provinciales que he revisado y resumido. No sustituyen el análisis de tu caso concreto.
Cuando el fraude fiscal tiene una dimensión internacional, aparece la euroorden. El fraude, el blanqueo y la corrupción rara vez se quedan en una sola jurisdicción: fondos que cruzan fronteras, sociedades en el extranjero, un investigado que sale del país. Cuando otro Estado emite una orden europea de detención y entrega (OEDE) o una extradición, la defensa se traslada a la Audiencia Nacional. Ahí se discute la doble incriminación, el principio de especialidad, las garantías del Estado emisor y el riesgo de fuga. Conviene tenerlo claro: el arraigo en España pesa menos de lo que suele pensarse, y salir del país no evita el procedimiento.
Frente al riesgo de fuga, la Audiencia Nacional da más peso al cumplimiento de los compromisos internacionales de entrega que al arraigo del reclamado. Alegar familia o residencia en España rara vez basta por sí solo.
Entregado por unos hechos, el reclamado solo puede ser juzgado por esos. Vigilar la especialidad (y la ampliación de la entrega a hechos anteriores) es una de las defensas técnicas de más valor.
Si se deniega la entrega por residencia, España puede asumir el cumplimiento de la condena extranjera. La huida no cierra el caso, solo lo traslada de foro.
Así lo resuelve la Audiencia Nacional
El caso.Reclamado por una euroorden de Eslovaquia por delitos de fraude castigados con hasta 10 años de prisión; opuso su arraigo en España frente al riesgo de fuga.
La regla.En la ponderación del riesgo de fuga en una OEDE, el arraigo en territorio nacional tiene menos trascendencia que el cumplimiento de los compromisos internacionales de España en materia de entrega.
El caso.Reclamación en el marco de una OEDE por hechos de blanqueo y corrupción; se discutía la prisión provisional para asegurar la entrega.
La regla.La prisión provisional en la OEDE es legítima para asegurar la entrega si no se acredita un arraigo real y documentado. El compromiso profesional o familiar debe probarse, no solo alegarse.
El caso.OEDE por delitos de fraude para el cumplimiento de una condena; se denegó la entrega por la residencia del reclamado en España.
La regla.La denegación de una OEDE por residencia del reclamado obliga a España a asumir el cumplimiento de la condena extranjera mediante el reconocimiento de la sentencia. No hay impunidad por no ser entregado.
El caso.Se opuso a la OEDE alegando que había sido condenado en ausencia en el Estado emisor; constaba un letrado designado voluntariamente que ejerció su defensa en el juicio.
La regla.La existencia de un letrado designado voluntariamente por el reclamado que ejerce la defensa en el juicio oral impide denegar la OEDE por condena en ausencia.
Resoluciones reales de la Audiencia Nacional que he revisado y resumido. No sustituyen el análisis de tu caso concreto.
Si eres administrador de una sociedad
Una condena por un delito fiscal puede impedirte ser administrador de una sociedad, aunque el juez no lo diga. Lo impone la Ley de Sociedades de Capital, no el Código Penal, y por eso pasa desapercibido hasta que el registrador, un socio o un banco lo detectan.
El delito fiscal, por sí solo, no está en la lista del art. 213. Pero la defraudación suele ir acompañada de facturas falsas o contabilidad manipulada, y una condena por falsedad sí impide ser administrador. Conviene tenerlo en cuenta al negociar una conformidad.
Calcula cuándo podrías volver a ser administrador
Lo que dice la ley
Este delito no está en la lista del art. 213
Los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social están en un título propio del Código Penal y no aparecen en la lista. Cuidado, sin embargo: si la defraudación se acompañó de facturas o contabilidad falsas y hubo condena también por falsedad, esa condena sí activa la prohibición.
Otra cosa es que el juez imponga una pena de inhabilitación para el ejercicio del comercio o de la administración de sociedades: esa sí te impide administrar, durante el tiempo que fije la sentencia.
Cálculo orientativo. Si hubo varias penas en la misma sentencia, o una inhabilitación impuesta por el juez, el plazo y la prohibición pueden ser otros: hay que leer la sentencia y la hoja de antecedentes.
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Preguntas
Lo que pregunta quien tiene una inspección o ha sido denunciado por Hacienda.
El umbral está fijado en la ley: hay delito contra la Hacienda Pública cuando la cuota defraudada supera los 120.000 euros por cada impuesto y cada periodo (por ejemplo, el IVA de un año, o el IRPF de un ejercicio). Por debajo de esa cifra, aunque haya irregularidades, es una infracción administrativa que sanciona Hacienda, no un delito. En el fraude a la Seguridad Social el umbral es de 50.000 euros.
Una inspección no es un procedimiento penal. La mayoría terminan en un acta y una liquidación administrativa. Solo se convierte en delito si la cuota supera el umbral y, además, hay indicios de fraude doloso; en ese caso Hacienda pasa el tanto de culpa a la Fiscalía. El momento en que llega la inspección es, precisamente, cuando más se puede hacer: cómo se responde marca el resto.
En muchos casos, sí: es la vía más poderosa. La regularización (art. 305.4) permite quedar exento de responsabilidad penal si pagas completamente lo defraudado y lo haces de forma espontánea, antes de que Hacienda te notifique el inicio de actuaciones o de que llegue una querella. Debe ser completa y a tiempo: llegar tarde o de forma parcial no vale. Y si ya es tarde para eso, pagar la deuda y reconocer los hechos en los dos meses siguientes a la citación como investigado permite rebajar la pena uno o dos grados (art. 305.6). Por eso, ante los primeros indicios, cada día cuenta.
No necesariamente, y es una de las mejores defensas. El delito fiscal exige dolo: voluntad de defraudar mediante engaño u ocultación. El Tribunal Supremo ha dejado claro que no toda operación agresiva, ni siquiera un fraude de ley, es delito si no hay mendacidad ni ocultación de la base imponible. Una discrepancia interpretativa razonable o un error contable pertenecen al ámbito administrativo, no al penal.
Es uno de los escenarios más frecuentes y más graves. Deducir IVA o gastos con facturas de operaciones inexistentes (emitidas por sociedades sin actividad real) es defraudación tributaria, y suele concurrir con un delito de falsedad documental. La defensa se centra en acreditar que las operaciones fueron reales, o que actuaste sin conocimiento de la falsedad de tu proveedor.
Sí. El uso de personas o entidades interpuestas (testaferros, sociedades pantalla), estructuras en paraísos fiscales o la ocultación de la identidad del verdadero obligado son circunstancias del tipo agravado (art. 305 bis), que eleva la pena a entre 2 y 6 años, junto con las cuotas muy elevadas (más de 600.000 euros).
Pueden responder ambos. La persona jurídica tiene su propia responsabilidad penal (art. 310 bis), con penas de multa y otras consecuencias. Pero eso no exime a las personas físicas: responden el administrador de hecho o de derecho y quienes idearon o ejecutaron el fraude. Deslindar responsabilidades es una parte central de la estrategia.
El delito fiscal prescribe, con carácter general, a los cinco años, y a los diez en la modalidad agravada. Es un plazo distinto, y más largo, que el de cuatro años de la deuda tributaria en vía administrativa, lo que hace posible que Hacienda persiga penalmente ejercicios ya prescritos a efectos de liquidación. Revisar las fechas siempre es obligado.
El tipo básico (art. 305) se castiga con prisión de 1 a 5 años; en un primer delito y con reparación, la pena puede quedar suspendida. La modalidad agravada (305 bis) va de 2 a 6 años, con riesgo real de ingreso. A la pena se suma una multa proporcional a lo defraudado y la responsabilidad civil, que es la cuota más los intereses. Por eso reparar el daño importa tanto.
Cuéntame tu caso
¿Tienes una inspección con riesgo penal, o te han denunciado por Hacienda?
Analizo si hay delito, si estás a tiempo de regularizar y cómo rebatir la pericial de Hacienda, para buscar el archivo del caso o una reducción de la pena. En el delito fiscal, cada día cuenta. Presupuesto por escrito, gratis y sin compromiso.
Saúl Rosell Manglano · ICAM 83.198 · Madrid · Presupuesto por escrito, gratis y sin compromiso
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