Abogado penalista Usurpación (okupación) defensa y desalojo, vía penal y civil, en Madrid y en toda España

Llama a la policía de inmediato y explica que la ocupación es reciente. Si están todavía dentro del margen de flagrancia, pueden actuar y desalojar directamente. No entres tú por tu cuenta al inmueble, no cortes suministros, y reúne cuanto antes el título de propiedad y cualquier prueba de que el inmueble estaba vacío.

Lo habitual es activar ambas vías a la vez. La denuncia penal por usurpación busca una condena, pero su pena es una multa simbólica. El desahucio civil exprés (Ley 5/2018) es la vía diseñada específicamente para recuperar la posesión del inmueble en semanas si eres persona física, entidad sin ánimo de lucro o administración pública propietaria, y es, en la práctica, la que de verdad te devuelve la vivienda.

Entonces no hablamos de usurpación sino de allanamiento de morada (art. 202 CP), un delito bastante más grave, prisión de 6 meses a 2 años, y con un tratamiento procesal distinto, con más margen para la intervención policial inmediata incluso pasadas las primeras horas.

El margen de flagrancia para la actuación policial directa se pierde enseguida. A partir de ahí el proceso pasa a depender de la vía judicial ordinaria, penal y civil, que es más lenta. Sigue mereciendo la pena actuar, pero cuanto antes se empiece, mejor.

Si no hubo violencia ni intimidación al entrar (art. 245.2 CP), estamos ante un delito leve castigado solo con multa de 3 a 6 meses. Si hubo violencia o intimidación (art. 245.1 CP), la pena sube a prisión de 1 a 2 años. Confirmar en qué apartado encaja tu caso es lo primero que reviso.

Sí, y es una de las defensas más eficaces: la usurpación exige entrar sin autorización. Si existía consentimiento del titular, un contrato de arrendamiento vigente (aunque estuviera en trámite de resolución), o una relación jurídica previa que amparara tu presencia, el caso puede no ser penal en absoluto y corresponder, en su caso, a la vía civil.

Es la otra cara de la moneda: si el inmueble en el que entraste sí constituía la morada de alguien (aunque fuera esporádicamente), el delito correcto sería allanamiento (art. 202 CP), con penas de prisión de 6 meses a 2 años en vez de la multa de la usurpación pacífica. Acreditar que el inmueble estaba realmente deshabitado es clave en ambos sentidos.

En la usurpación pacífica, al ser delito leve con pena solo de multa, suele haber margen real para resolver el asunto rápido, incluso abandonando el inmueble y llegando a un acuerdo antes de la vista. Vale la pena explorarlo desde el primer contacto.

Sobre todo, la acreditación de que el inmueble no era morada de nadie en el momento de los hechos, y la fecha exacta en que se produjo la entrada. También pesa si hubo o no cualquier forma de violencia o intimidación, porque cambia el tipo aplicable y la pena.

Sí, y en la práctica es habitual: abandonar el inmueble voluntariamente antes del juicio, o llegar a un acuerdo de restitución, puede facilitar mucho una resolución favorable, incluso el archivo o una pena reducida al mínimo.

Es muy probable. El propietario puede haber activado a la vez el desahucio civil exprés (Ley 5/2018) para recuperar la posesión, que es independiente del juicio penal. Conviene tener clara la situación en ambos frentes antes de la vista.

Sí, mediante recurso de apelación, con plazos más cortos que en un procedimiento ordinario por tratarse de un juicio de delitos leves. Vale la pena revisar si el inmueble estaba correctamente identificado, si se acreditó bien que no era morada, y si la fecha de los hechos está bien fijada.

Sí, mediante el recurso de revisión, un cauce excepcional para condenas ya firmes cuando surgen elementos nuevos que, de haberse conocido a tiempo, habrían cambiado el resultado. Un error en la identificación registral del inmueble, por ejemplo, puede ser motivo suficiente: el Supremo lo ha admitido.

Si la condena es firme, sí, aunque sea solo a multa. Se pueden cancelar más adelante cumplidos los plazos legales. Mientras tanto, conviene valorar si queda margen real de recurso antes de asumir la condena como definitiva.