Prueba digital en el proceso penal: EncroChat, escuchas, volcado del móvil y geolocalización — qué valida el Supremo y cómo se defiende

1. EncroChat y plataformas cifradas

EncroChat era una red de teléfonos con mensajería cifrada usada por organizaciones criminales de toda Europa. En 2020, Francia y Países Bajos accedieron a los servidores y capturaron millones de mensajes. En España, ese material se ha incorporado a los procedimientos mediante la Orden Europea de Investigación (OEI) (Directiva 2014/41/UE).

El Supremo, en Pleno, fija que la prueba obtenida en otro Estado de la UE y transmitida por OEI se presume lícita por el principio de reconocimiento y confianza mutua. España no tiene que fiscalizar si Francia cumplió sus propias normas al obtenerla, salvo que se acredite una indefensión material efectiva. Se apoya en la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE (Gran Sala) en el asunto M.N. (C-670/22).

2. Escuchas e intervención telefónica: cuándo se caen

La intervención de las comunicaciones toca un derecho fundamental (art. 18.3 CE), así que el juez tiene que autorizarla con motivación. El Supremo ha precisado qué motivación exige, y ahí hay margen.

En la STS 289/2026, de 17 de abril de 2026 (ponente Llarena), deja claro que lo que legitima la escucha es la sospecha fundada en el momento de autorizarla, no que luego acierte:

Y en la STS 15/2026, de 15 de enero de 2026 (ponente Polo), recuerda que esa justificación tiene que constar en la causa:

¿Y el caso extremo? Cuando la policía oculta al juez que otro juzgado ya había denegado la intervención, para pedirla de nuevo. El Supremo lo trató hace años (STS 864/2012) como fraude de ley y falta de lealtad procesal que determina la nulidad. Es un ejemplo de que estas pruebas no son inatacables.

3. Volcado del móvil: qué pueden sacar y cómo se ataca

Cuando intervienen tu teléfono, no leen solo los últimos mensajes: hacen un volcado — una copia forense— de chats, fotos, agenda, geolocalización y metadatos. Para que ese volcado sea lícito hace falta, como regla, autorización judicial motivada.

Ahora bien, conviene no vender humo: el Supremo ha dejado claro (por ejemplo, en la STS 753/2024, ponente Ferrer) que los defectos meramente formales que no afectan al contenido esencial del derecho fundamental no anulan la prueba — casos como una firma digital que falta en el volcado. Atacar solo por la forma rara vez funciona.

Lo que sí se trabaja es el fondo: la integridad de la copia, la cadena de custodia desde que se incauta el terminal hasta el juicio, y la atribución de lo que aparece.

4. Datos de tráfico, antenas (BTS) y geolocalización (art. 588 ter)

Sin pinchar una sola llamada, la investigación puede pedir a las operadoras (o a plataformas como Google o Meta) los datos de tráfico y de localización: con qué antenas se conectó un teléfono, a qué hora, desde dónde. Es una herramienta potentísima y muy habitual.

En la STS 42/2026, de 27 de enero de 2026 (ponente del Moral), el Supremo fija que la cesión de estos datos de antenas es una medida válida y proporcionada, no equiparable a la intervención telefónica, siempre que esté autorizada por resolución judicial motivada (incluso por remisión) y se limite a lo estrictamente necesario. Recuerda su doctrina sobre la validez de la geolocalización (STS 727/2020).

5. Agente encubierto en canales cerrados

Cada vez es más frecuente que un agente encubierto se infiltre en un grupo o en un canal de mensajería cerrado. La STS 932/2025, de 12 de noviembre de 2025 (ponente Javier Hernández), confirma que la infiltración del art. 282 bis LECrim es legítima cuando el agente se limita a aprovechar una oportunidad delictiva de una organización que ya existía, sin que ofrecer medios logísticos convierta el caso en delito provocado si la voluntad criminal ya estaba.

Las 4 palancas de defensa que valen para toda prueba digital

Cambia la tecnología, pero los puntos de ataque se repiten. Sea EncroChat, una escucha o un volcado, la defensa técnica gira casi siempre sobre estas cuatro:

• 1. Indefensión material. No basta la irregularidad formal: hay que acreditar un perjuicio real y concreto.
• 2. Autorización y motivación judicial. ¿Había base de sospecha? ¿Consta motivada en la causa? ¿Se respetó la proporcionalidad?
• 3. Cadena de custodia e integridad. Del origen al juicio, sin saltos ni manipulaciones que hagan dudar del dato.
• 4. Atribución. Que el mensaje o el dispositivo se vincule de verdad a una persona, y no por presunción.

Qué está en juego

En estas causas las penas son muy elevadas: se combinan los delitos contra la salud pública y sus agravaciones (arts. 368, 369 bis y 370 CP) con la organización criminal (art. 570 bis CP), multas de gran cuantía y decomiso. Por eso, cómo se afronte la prueba tecnológica desde el primer momento —incluso antes de tu primera declaración— puede condicionar todo el proceso.