Abogado penalista Atentado y resistencia a la autoridad y sus agentes, en Madrid y en toda España

No necesariamente. El Tribunal Supremo distingue el atentado (una conducta activa y grave: agredir, acometer, emplear violencia o intimidación grave) de la resistencia del art. 556, que es una oposición más pasiva. Un forcejeo defensivo o de carácter neutralizador, sin una agresión real, suele encajar en la resistencia, que se castiga mucho menos. Esa recalificación es una de las líneas de defensa más habituales.

El atentado (art. 550) exige agredir, acometer o emplear violencia o intimidación grave contra la autoridad, sus agentes o funcionarios. La resistencia no grave y la desobediencia grave (art. 556.1) son una oposición seria pero sin esa agresión activa. Y la simple falta de respeto y consideración a la autoridad (art. 556.2) es un delito leve de multa. La calificación correcta puede cambiar por completo la pena.

Depende del contenido. Faltar al respeto y la consideración debida a la autoridad puede ser el delito leve del art. 556.2, castigado con multa; expresiones más graves podrían ser injurias. En ningún caso un insulto, por sí solo, es un atentado. Conviene analizar qué se dijo y en qué contexto.

Sí, y es importante. Estos delitos exigen que el agente actúe legítimamente y en el ejercicio de sus funciones. Si hubo un exceso, una actuación desproporcionada o una detención sin cobertura legal, puede decaer el delito o abrirse la vía de la legítima defensa. Es un punto que hay que examinar con detalle en cada caso.

Es de lo más grave que puede ocurrir en esta materia. Arremeter con un vehículo contra los agentes se castiga como atentado agravado (art. 551) y, si al hacerlo se asume el riesgo de matar a alguien, el Tribunal Supremo lo ha calificado además como tentativa de homicidio o asesinato por dolo eventual. Son penas muy altas y acumulables: en estos casos la defensa técnica desde el primer momento es imprescindible.

El atentado contra autoridad se castiga con prisión de uno a cuatro años; contra agentes o funcionarios (por ejemplo, policías), de seis meses a tres años. Si la pena finalmente impuesta no supera los dos años y no hay antecedentes, es posible pedir la suspensión y evitar el ingreso. La resistencia del art. 556 tiene penas bastante más bajas.

Puede influir a tu favor. Estos delitos son dolosos: exigen voluntad de acometer o resistir y de menoscabar el principio de autoridad. Un estado de embriaguez o de alteración puede operar como circunstancia atenuante y rebajar la pena, algo que hay que acreditar y trabajar en la defensa.

Habitualmente sí. Cuando del atentado resultan lesiones, se produce un concurso: el atentado y las lesiones se valoran conjuntamente conforme a las reglas del art. 77. La defensa debe revisar la entidad real de las lesiones (muchas veces son leves) y si procede una calificación menos gravosa.

Posiblemente sí. El Tribunal Constitucional anuló las restricciones de movilidad del primer estado de alarma, y el Tribunal Supremo ha establecido que las condenas por desobediencia basadas exclusivamente en aquellas restricciones deben anularse. Si es tu caso, conviene revisar si la condena puede dejarse sin efecto.

Sí. El Código Penal considera atentado la agresión a funcionarios docentes y sanitarios en el ejercicio de sus funciones (art. 550), y extiende la protección a personal sanitario, bomberos y equipos de socorro en emergencias, y a la seguridad privada que coopera con las fuerzas de seguridad (art. 554).