Comisiones mensuales, mascarillas COVID y contrataciones fantasma: el Supremo condena por organización criminal a un exministro (STS 2553/2026)

Del asesor de confianza al reparto de comisiones

Artemio fue nombrado ministro de Fomento en junio de 2018, cargo que compatibilizó con el de Secretario de Organización del PSOE. Abelardo, que había sido su chófer durante la campaña interna del partido, pasó a ser su asesor de confianza en el ministerio y, con el tiempo, algo más parecido a un hombre de confianza total: manejaba tareas profesionales y personales del ministro, transmitía sus decisiones y llegó a gestionar sus fuentes de dinero en efectivo, que en ocasiones se confundían con las propias. Anibal, empresario con intereses en el sector inmobiliario, hostelero y de hidrocarburos, conoció a Abelardo a través de un hermano de este que trabajaba de escolta del ministro, y pronto extendió la relación a Artemio.

Según los hechos probados, los tres acordaron que Artemio favorecería, desde su posición en el Gobierno y en el partido, la contratación pública de empresas cuyos intereses Anibal captaría y promovería, así como el acceso preferente de este a la Administración. A cambio, se repartirían el beneficio económico. Se fijó una entrega mensual de 10.000 euros que Anibal se comprometió a pagar a los otros dos, abonada desde octubre de 2019 hasta junio de 2022. A eso se sumaron el pago del alquiler de una vivienda para la pareja del ministro y el uso gratuito de chalés en Marbella y en La Línea de la Concepción. Además, se colocó a personas del entorno del ministro —Eugenia y Felicidad— en empresas públicas como LOGIRAIL, INECO y TRAGSATEC, donde cobraron sueldos sin desempeñar trabajo real, bajo la presión de los acusados sobre los directivos de esas sociedades.

El episodio más grave se sitúa en marzo de 2020. Declarado el estado de alarma por la COVID-19, y actuando Artemio como una de las autoridades delegadas del Gobierno, los tres acusados utilizaron su ascendencia para que la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Anibal, resultara adjudicataria de un contrato de suministro de ocho millones de mascarillas licitado por Puertos del Estado, organismo dependiente del propio ministerio. Los hechos probados detallan que, cuatro días antes de que se publicara la orden ministerial que autorizaba la compra, Soluciones de Gestión ya había firmado un acuerdo anticipado para el suministro: la adjudicación estaba decidida antes de que el propio órgano de contratación tuviera conocimiento de la operación.

¿Por qué esto es "organización criminal" y no simple corrupción entre tres personas?

El artículo 570 bis del Código Penal, pensado originalmente para la delincuencia organizada transnacional —narcotráfico, trata de personas, criminalidad económica en red—, exige una agrupación de más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido que, de forma concertada y coordinada, se reparte tareas o funciones para cometer delitos. El Supremo recuerda que esta figura debe diferenciarse tanto del grupo criminal del art. 570 ter —que no requiere esa estabilidad ni ese reparto estructurado de funciones— como de la mera codelincuencia, en la que varias personas cometen juntas un delito sin llegar a constituir una estructura organizativa propia.

Aplicado a este caso, la Sala aprecia que los tres acusados no se limitaron a cometer un delito puntual de cohecho: constituyeron una estructura estable, activa durante varios años, con un reparto de funciones perfectamente diferenciado —Artemio aportaba la autoridad institucional y el poder de decisión; Abelardo actuaba siempre en su nombre como intermediario de confianza; Anibal localizaba oportunidades de negocio y las hacía valer ante la Administración a cambio de comisión— y con vocación de permanencia, que solo empezó a debilitarse tras el cese de los dos primeros en el ministerio. Ese grado de organización, dice el Supremo, es lo que separa la simple codelincuencia corrupta de la organización criminal del art. 570 bis, que se aplica en concurso real con los delitos de cohecho, tráfico de influencias y malversación efectivamente cometidos.

Condenas de hasta 15 años y medio, y una rebaja a la mitad por colaborar

El fallo condena a Artemio como autor de un delito de organización criminal en concurso real con un delito continuado de cohecho, otro delito de cohecho en concurso con tráfico de influencias, un delito autónomo de tráfico de influencias, un delito de malversación en concurso con tráfico de influencias y dos delitos más de cohecho, con un límite máximo de cumplimiento efectivo de 15 años y 18 meses de prisión, además de inhabilitaciones especiales de hasta 12 años. Abelardo recibe un catálogo de condenas equivalente, con un tope de 15 años. Ambos son absueltos de los delitos de prevaricación, aprovechamiento de información privilegiada y falsedad de los que también se les acusaba.

Anibal, en cambio, resulta condenado por los mismos tipos delictivos —organización criminal, cohecho continuado y otros delitos de cohecho— pero con penas sensiblemente más bajas, porque el Supremo le aprecia la atenuante analógica a la de confesión, considerada cualificada, y le concede además la suspensión de la ejecución de las penas de prisión durante cinco años, condicionada a que no delinca, a que comparezca semestralmente ante el Tribunal para justificar sus actividades económicas y a que realice un año de trabajos en beneficio de la comunidad. La sentencia también acuerda el decomiso de 430.298 euros de ganancias del delito de cohecho y una indemnización conjunta y solidaria de Artemio y Abelardo a INECO y TRAGSATEC por los sueldos abonados en las contrataciones ficticias.

Lo que se lleva cada parte

Preguntas frecuentes

También te puede interesar