Ratificaron la conformidad ante el letrado en vez de ante el juez: el Supremo confirma la condena por estafa masiva y organización criminal (STS 5388/2025)

Vishing, mulas bancarias y criptoactivos: la organización criminal

Desde mayo de 2019, seis acusados montaron en el sur de Tenerife un entramado jerarquizado, con funciones perfectamente repartidas entre sus miembros y dirigido, en última instancia, por personas aún no identificadas residentes en Italia. Su método: enviar mensajes SMS masivos suplantando a entidades bancarias como BBVA, con un enlace que redirigía a una web idéntica a la del banco, donde las víctimas introducían sus credenciales, su número de teléfono y, después de una llamada de un falso gestor bancario, el código de verificación necesario para autorizar transferencias.

Con esos datos, la organización activaba una segunda tarjeta SIM vinculada al número de la víctima, dejaba inoperativa su línea real y validaba transferencias no consentidas desde sus cuentas. El dinero se recibía a través de una red de más de cien "mulas bancarias" —personas que, a sabiendas del origen ilícito, facilitaban sus cuentas a cambio de una comisión— y se extraía después en cajeros automáticos o se convertía en criptoactivos para su envío a los cabecillas en Italia, a quienes debía remitirse el 60% de cada golpe.

El perjuicio total acreditado para las víctimas, residentes en España e Italia, asciende a 2.530.000 euros. Los seis acusados llegaron a un pacto de conformidad con el Ministerio Fiscal: aceptaron los hechos, la calificación de estafa continuada agravada del art. 248 CP y de pertenencia a organización criminal del art. 570 bis CP, y las penas conjuntamente propuestas —cuatro años de prisión por la estafa, dos años más por la organización—. La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife dictó sentencia conforme a ese acuerdo, y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmó la condena en apelación.

El recurso: no se discute el fondo, se discute quién ratificó la conformidad

Los seis condenados recurrieron en casación, pero no para cuestionar los hechos, la calificación jurídica ni la pena pactada. Su único motivo: el acto de ratificación de la conformidad —en el que, según el art. 787.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el juez o el presidente del tribunal debe informar al acusado de las consecuencias de la conformidad y requerirle para que manifieste si la presta— no se celebró ante la Sala de enjuiciamiento, sino en el despacho del Letrado de la Administración de Justicia.

Alegaban que esa forma anómala les privó de la posibilidad, aunque remota, de solicitar en el acto, ante el propio tribunal, la libertad o la suspensión de la condena en atención a sus circunstancias personales, y que la falta de las formalidades legalmente exigidas debía acarrear la nulidad del acto.

Irregularidad procesal sí, pero "no invalidante": los cuatro motivos del Supremo

El Tribunal Supremo no le quita importancia al problema de raíz: reconoce sin rodeos que sí hubo una infracción procesal, porque la ley exige expresamente que sea el órgano judicial, y no el Letrado de la Administración de Justicia, quien informe al acusado y reciba su conformidad. Pero recuerda que no toda infracción procesal genera nulidad: hace falta, además, que produzca una indefensión material, real y efectiva, nunca meramente potencial o hipotética.

Sobre esa base, la Sala identifica cuatro razones por las que, en este caso concreto, la irregularidad se queda en lo que la doctrina administrativa llama una "irregularidad no invalidante": primero, el contenido de la conformidad se respetó íntegramente —se informó a los acusados y estos prestaron su voluntad libre—, solo que ese trámite lo desarrolló el LAJ, cuya función propia es precisamente dar fe pública de los actos procesales. Segundo, ni los acusados ni sus letrados formularon protesta alguna en el momento en que se celebró el acto irregular. Tercero, los propios condenados manifestaron entonces su intención de no recurrir la sentencia resultante de la conformidad, lo que hace que impugnar después por un defecto formal menor resulte contrario a la doctrina de los actos propios. Y cuarto, el perjuicio concreto que alegaban —la pérdida de una posibilidad remota de pedir oralmente la libertad o la suspensión— podía haberse planteado igualmente al margen de la comparecencia de ratificación.

La conclusión: la infracción procesal, aunque real, es marginal y de escasa relevancia, no genera indefensión material y, por tanto, no acarrea la nulidad del acto ni de la sentencia dictada de conformidad.

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