Lo golpearon en su propia casa, lo dejaron agonizando y se llevaron su coche: el Supremo confirma 18 años y explica por qué no puede corregir un error a favor de los condenados (STS 2200/2026)

Una noche de copas que terminó en homicidio

Según los hechos probados por el jurado popular y confirmados en apelación, la noche del 23 de junio de 2022 Remigio se encontraba bebiendo en la terraza de un bar de Liria cuando se le unieron Silvio, Lucas y Urbano. Tras un rato, los cuatro se marcharon juntos en el coche de Remigio hacia su domicilio, donde vivía con sus padres —ausentes esa noche—, y continuaron bebiendo whisky en el exterior de la vivienda.

Ya dentro de la casa, los tres acusados comenzaron a golpear a Remigio por todo el cuerpo. La víctima cayó al suelo y los golpes continuaron en la cabeza y el resto del cuerpo, con puños y pies, de forma simultánea por los tres, lo que le impidió cualquier posibilidad de defensa. Los golpes le causaron un edema cerebral y un hematoma subdural que resultaron mortales. Cuando los acusados abandonaron la vivienda, Remigio seguía con vida, pero permaneció agonizante en el suelo hasta que falleció al día siguiente. Su cuerpo fue hallado dos días después.

Tras la agresión, los tres acusados registraron la vivienda y se marcharon en el coche de la víctima, abandonándolo después junto a un campo de fútbol. Silvio intentó vender el teléfono móvil sustraído en una discoteca y, al no conseguirlo, lo lanzó por encima de una valla. Lucas se quedó con la tarjeta bancaria de Remigio e intentó sacar dinero en un cajero automático, sin éxito, porque introdujo el PIN incorrecto hasta bloquearla — lo que le valió una condena añadida por un delito leve de estafa en grado de tentativa.

Coautoría probada por indicios, sin poder precisar quién golpeó exactamente

Uno de los recurrentes alegó que no existía prueba directa de su participación en la agresión mortal: la autopsia no permitía determinar cuántas personas habían intervenido ni el reparto de golpes entre ellas, y la prueba de ADN solo situaba una mezcla genética suya y de la víctima en salpicaduras de la vivienda, sin poder fijar el momento ni el mecanismo de esa transferencia biológica.

El Supremo recuerda que la coautoría no exige que cada interviniente ejecute personalmente el núcleo típico del delito: basta con el dominio funcional del hecho, es decir, una aportación causal esencial que sitúe a cada partícipe en condiciones de decidir sobre la consumación. En este caso, la proporción equilibrada de los perfiles genéticos mezclados en la escena, la presencia constante de los tres acusados en la vivienda, la ausencia de cualquier gesto dirigido a esclarecer los hechos durante los seis meses hasta su detención, y la huida conjunta en el coche de la víctima, conforman —dice la Sala— "un cuadro de la prueba en el que cada indicio refuerza el valor incriminatorio de los demás", suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia sin necesidad de prueba directa.

La violencia no tiene que ser simultánea al robo para que exista concurso medial

La defensa de otro de los condenados sostuvo que la agresión mortal fue un hecho autónomo, y que el apoderamiento posterior de los efectos de la víctima se produjo separadamente, sin que existiera un acuerdo previo para robar mediante violencia. Si eso fuera así, no cabría el concurso medial entre homicidio y robo con violencia en casa habitada, sino, quizá, delitos independientes con una pena menor.

El Tribunal Supremo rechaza esa lectura y fija un criterio claro: la violencia típica del robo no exige estricta simultaneidad cronológica con el acto material de apoderamiento. Basta con que exista una relación funcional entre la violencia desplegada y la obtención o el aseguramiento de los efectos sustraídos, de modo que la agresión se integre en una misma secuencia delictiva.

Aplicado al caso, la conducta inmediatamente posterior de los acusados —apoderarse de los efectos de la víctima y huir en su vehículo— demuestra que la agresión no fue un episodio aislado, sino que se integró en una dinámica dirigida al desapoderamiento patrimonial. Esa conexión finalística entre golpes y apoderamiento, y no la coincidencia exacta en el tiempo, es lo que justifica calificar los hechos como robo con violencia en casa habitada en concurso medial con homicidio.

El propio Fiscal reconoce que la calificación fue más benévola de lo que permitían los hechos

El fragmento más singular de la sentencia llega cuando la propia Sala, siguiendo lo apuntado por el Ministerio Fiscal, señala que si la muerte de Remigio se produjo para facilitar el robo, los hechos podrían haberse calificado como asesinato del art. 139.1.4º CP —matar para facilitar la comisión de otro delito o evitar que se descubra—, en lugar del homicidio del art. 138 CP finalmente aplicado.

Es decir: aunque el Tribunal Supremo cree que los condenados podrían haber merecido una calificación más grave, no puede empeorar su situación en un recurso que ellos mismos interpusieron —el Supremo solo puede revisar lo que se le pide, y solo en beneficio de quien recurre—. La Sala añade, en todo caso, que aun prescindiendo del concurso medial, el resultado punitivo no habría variado sustancialmente, porque el homicidio agravado por abuso de superioridad y el robo con violencia en casa habitada, en concurso real, permitirían alcanzar una pena equivalente a la finalmente impuesta.

Homicidio doloso, no imprudente, y sin atenuante por el alcohol

Otro de los condenados alegó que los hechos debían calificarse como homicidio imprudente del art. 142.1 CP, y no como homicidio doloso, porque cuando los acusados abandonaron la vivienda la víctima seguía con vida y falleció al día siguiente, lo que —a su juicio— demostraría que no hubo intención de matar. El Supremo rechaza el argumento recordando que el dolo homicida no exige el deseo directo de causar la muerte: basta el dolo eventual, es decir, representarse como probable que la conducta produzca la muerte y, pese a ello, persistir en ella. Una agresión conjunta y prolongada dirigida a la cabeza de la víctima, sin que esta pudiera defenderse, satisface ese estándar.

También se rechazó la atenuante de embriaguez del art. 21.1 en relación con el art. 20.2 CP: el consumo de alcohol acreditado no basta por sí solo; hace falta probar una adicción grave que anule o limite de forma relevante las facultades intelectivas y volitivas en el momento de los hechos, prueba que aquí no existía.

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