Le dio a su hijo de 7 años un chocolate envenenado con talio para que se lo entregara a su padre: el Supremo confirma la condena por asesinato en tentativa (STS 2878/2026)
Una madre puso talio en una barra de chocolate y se la dio a su hijo de siete años para que convenciera a su padre de comérsela. El padre sobrevivió con secuelas permanentes y la Audiencia de León condenó a la madre a doce años y seis meses de prisión por asesinato en grado de tentativa, sin confesión ni hallazgo del veneno y con el testimonio del menor como prueba central. El Supremo confirma la condena y explica cómo se sostiene una condena con prueba indiciaria, por qué responde quien usa a un menor como instrumento y cuándo se aplica la atenuante de dilaciones indebidas.
Ficha de la sentencia
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Resumen narrado, generado por el despacho, con los puntos clave del caso y de la doctrina fijada por el Supremo.
Los hechos probados
Tras una separación cada vez más conflictiva por la custodia de sus dos hijos, la madre aplicó una dosis letal de talio (el veneno clásico usado como raticida) a una barra de chocolate Milka. Se la entregó a su hijo de siete años con una instrucción muy concreta: él no podía comerla bajo ningún concepto, pero debía convencer a su padre para que la tomara. El niño, sin entender lo que transportaba, cumplió el encargo.
El padre, militar del ejército del aire, comió el chocolate. En los días siguientes desarrolló un cuadro de intoxicación aguda por talio de extraordinaria gravedad: 705 días de curación, tres ingresos en UCI, intubación orotraqueal y ventilación mecánica. Sobrevivió, dice la propia sentencia, gracias al esfuerzo médico continuado y a su buena forma física previa. Las secuelas son permanentes: ceguera bilateral, deterioro cognitivo moderado y necesidad de bastón para caminar.
La Audiencia Provincial de León condenó a la madre a doce años y seis meses de prisión por un delito de asesinato en grado de tentativa, con la agravante de parentesco. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirmó la condena en apelación, y ahora el Tribunal Supremo desestima el recurso de casación, cerrando definitivamente el caso.
Qué dice el Supremo sobre la prueba indiciaria cuando no aparece el veneno
No hubo hallazgo físico ni análisis químico directo de talio ni en el trozo de chocolate ingerido (que ya no existía) ni en el fragmento localizado después en el domicilio, contaminado por el tiempo transcurrido. La defensa construyó su recurso precisamente sobre esa ausencia: sin prueba directa, todo era hipótesis.
«La prueba indiciaria no exige la acreditación directa de todos los elementos del iter comisivo, siendo suficiente con que los datos objetivos disponibles permitan, mediante un razonamiento lógico, alcanzar una conclusión razonable.»
El Supremo identifica los indicios que, valorados en conjunto y no aislados, sostienen la condena: la mala relación entre los progenitores, la entrega del chocolate por la acusada a través del menor, el nexo temporal entre la ingesta y el malestar, la sintomatología compatible con la intoxicación por talio, la exclusión razonada de otras fuentes de contaminación y el desinterés posterior de la acusada por el estado de salud de la víctima. Ninguno de esos indicios, aislado, condena. La defensa desagregó cada indicio y lo negó uno por uno, pero el Tribunal rechaza ese método por contrario a la lógica de la prueba indiciaria, que exige valoración de conjunto.
Qué supone la sentencia para la defensa y para la acusación
Para la defensa
- Atacar indicios uno por uno, de forma aislada, es una estrategia que el Supremo rechaza expresamente. Si el caso descansa en prueba indiciaria, hay que atacar la cadena de inferencia completa: la conexión lógica entre los indicios, no cada dato por separado.
- Para pedir dilaciones indebidas no basta con señalar la duración global del proceso. Hay que identificar y acreditar periodos concretos de inactividad injustificada, con fechas exactas.
- La demora en practicar una declaración preconstituida de un menor (aquí, diez meses) afecta al peso de la prueba, no a su validez, salvo que se impugne su admisibilidad en el momento procesal oportuno, algo que aquí no se hizo.
Para la acusación
- Se puede construir una condena sólida sobre prueba indiciaria bien hilada, incluso sin confesión ni hallazgo físico del elemento incriminatorio, si los indicios convergen de forma coherente y se explica esa convergencia con detalle en sentencia.
- El testimonio de un menor puede ser la pieza central de la acusación si se practica con todas las garantías (prueba preconstituida, dispensa del art. 416.3 LECrim valorada según edad) y se integra con el resto del cuadro probatorio.
- Los comportamientos posteriores al hecho (aquí, el desinterés de la acusada por la salud de la víctima) sí pueden usarse como indicio periférico de corroboración, aunque nunca como prueba autónoma y suficiente por sí sola.
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Pedir presupuesto sin compromisoEl menor no responde de nada: la autoría mediata a través de instrumento inocente
Un punto que suele generar confusión conviene aclararlo: el niño de siete años que entregó el chocolate a su padre no comete ningún delito, ni puede cometerlo. No tenía capacidad para comprender lo que transportaba ni la posibilidad real de decidir autónomamente sobre la acción. Es la madre quien responde en su totalidad como autora, mediante lo que la doctrina penal llama autoría mediata a través de un instrumento inocente: quien utiliza a una persona sin culpabilidad (por edad, por engaño, por coacción) como herramienta material para ejecutar el delito, responde como si lo hubiera ejecutado con sus propias manos.
Es la misma lógica que se aplica, por ejemplo, cuando alguien engaña a un tercero para que le entregue un objeto ajeno haciéndole creer que es suyo, o cuando se utiliza a un menor de edad penal para cometer un hurto. El instrumento (aquí, el niño) queda fuera del reproche penal; quien lo utiliza responde por el hecho completo.
Qué exige el Supremo para apreciar dilaciones indebidas
El proceso duró casi cinco años desde el inicio de las diligencias en 2020 hasta la sentencia de instancia en 2025. La defensa pidió la atenuante de dilaciones indebidas del art. 21.6 CP, incluso como muy cualificada. El Supremo la deniega, y de paso resume el marco de referencia que aplica en la práctica:
- La atenuante simple exige, como criterio orientativo, una duración total del proceso superior a cinco años, sin que sea imputable al acusado ni proporcional a la complejidad de la causa.
- La muy cualificada se ha reservado, en la jurisprudencia reciente, sobre todo a procesos de entre ocho y dieciseis años de duración, o a supuestos con un perjuicio añadido acreditado (por ejemplo, prisión provisional prolongada).
- No basta con señalar la duración global: hay que identificar periodos concretos de paralización injustificada, con fechas. Una tramitación larga pero activa (con diligencias periciales complejas, como aquí) no genera la atenuante.
- Los retrasos en el dictado de la sentencia y en la resolución de recursos solo excepcionalmente se computan a estos efectos.
En este caso, con prueba pericial toxicológica compleja y una prueba preconstituida de un menor que exigía especial cautela en su práctica, el Supremo entendió que la duración del proceso (cuatro años y diez meses hasta la sentencia de instancia) resultaba razonable y no merecía compensación alguna.
Un apunte sobre la responsabilidad civil: la aseguradora también cobra, aunque no haya pagado todavía
La sentencia condena a la acusada a indemnizar a la aseguradora Segurcaixa Adeslas hasta un máximo de 152.523,65€, sin que en el juicio se acreditara el pago efectivo de esa cantidad por parte de la aseguradora al Sacyl. El Supremo avala esta técnica: reconocer el derecho indemnizatorio en su principio y diferir a la fase de ejecución la acreditación del pago exacto no equivale a una prohibida «condena de futuro», siempre que la aseguradora se hubiera personado con conocimiento de las partes y su reclamación se hubiera anunciado en los escritos de acusación. La discusión sobre el importe exacto se traslada a la ejecución, con plena posibilidad de contradicción.
En resumen
Un caso extremo por sus hechos, pero con una doctrina de aplicación cotidiana en los tribunales: la prueba indiciaria se ataca o se sostiene como conjunto, no dato a dato; quien usa a un menor como instrumento responde como autor del hecho completo, y la atenuante de dilaciones indebidas exige acreditar paralización real, no solo señalar que el proceso fue largo.
Preguntas frecuentes
¿Puede condenarse a alguien sin encontrar el arma o el veneno usado?
Sí. El Tribunal Supremo confirma que la prueba indiciaria no exige acreditación directa de cada elemento del delito; basta con que el conjunto de indicios disponibles permita, mediante un razonamiento lógico, alcanzar una conclusión razonable más allá de toda duda razonable.
¿Responde penalmente un menor usado como instrumento de un delito?
No. Cuando el menor no tiene capacidad de comprender lo que hace ni de decidir autónomamente, queda fuera del reproche penal. Responde en su totalidad quien lo utilizó como instrumento, mediante la figura de la autoría mediata.
¿Cuánto tiene que durar un proceso penal para lograr la atenuante de dilaciones indebidas?
No hay un plazo fijo en la ley, pero la jurisprudencia orienta: por encima de cinco años, sin imputación al acusado, puede prosperar la atenuante simple. Para la muy cualificada, la Sala suele exigir entre ocho y dieciseis años, o un perjuicio añadido acreditado. Siempre hace falta identificar periodos concretos de paralización injustificada.
¿Puede una aseguradora reclamar una indemnización sin haber pagado todavía?
Sí, si se personó en el proceso con conocimiento de las partes y su reclamación figuraba en los escritos de acusación. El tribunal puede reconocer el derecho en su principio y diferir a la ejecución de sentencia la acreditación del pago exacto y su cuantificación definitiva.
¿Qué pena corresponde a una tentativa de asesinato con agravante de parentesco?
En este caso, doce años y seis meses de prisión, además de inhabilitación absoluta, prohibición de aproximación y comunicación durante veintidós años y seis meses, e inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad. La pena concreta depende del grado de ejecución alcanzado y de las circunstancias modificativas apreciadas en cada caso.
Saúl Rosell
Abogado penalista. Análisis de jurisprudencia y defensa en procedimientos penales.
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